Los bolivianos, a lo largo de 36 años de democracia, vimos cómo los principios de libertad, justicia social, inclusión y redistribución equitativa del excedente fueron postergados gracias a los pactos partidarios en los que el voto ciudadano sólo valía para elegir diputados y senadores, quienes, con el mayor descaro, negociaban su voto en los pasillos del Palacio Legislativo.

La acumulación de medidas antipopulares enfadó al electorado, que en su desesperación por eliminar esa vieja forma de hacer política decidió dar paso al mentado “proceso de cambio”, existente sólo en el imaginario de la élite masista.

A lo largo de 13 años de desgobierno el país fue presa de la intolerancia racial y testigo del despilfarro de los recursos estatales, dando lugar al surgimiento de una nueva oligarquía y un entorno palaciego adulador que endiosa al Primer Mandatario, elevando su ego a niveles cosmológicos, convenciéndolo de su “omnipotencia vitalicia”, pues se encuentra convencido de que es el indicado para guiar los destinos del Estado Plurinacional en la era del “nuevo Pachacuti”.

Esta actitud antidemocrática provoca susceptibilidades en la población, pues el hecho de la “subordinación y constancia”, no sólo de las Fuerzas Armadas y la Policía, sino también de los órganos del Estado, a los designios del binomio oficialista provoca la desconfianza respecto de una eventual transmisión de mando en el caso que alguna de las fuerzas opositoras sea la fuerza electoralmente triunfante.

Mientras el oficialismo teoriza sobre las formas de mantenerse en el poder, es innegable que en Bolivia nos encontramos ante un despertar ciudadano que exige una mayor participación social en la determinación de políticas públicas y, sobre todo, respeto a las determinaciones adoptadas a través del sufragio. Por ello es que un eventual triunfo del oficialismo se encuentra en duda y esa es también la razón para que en la élite masista se vayan tramando planes de contingencia para la perpetuidad del régimen.

El despertar ciudadano responde en gran medida a la insatisfacción de la gente con las acciones antidemocráticas de los gobernantes y si a ello sumamos los escándalos por hechos de corrupción, en los que se vieron involucrados “dignatarios de Estado”, al amparo de la impunidad y encubrimiento, nos encontramos frente al fin del ciclo gubernamental, sumido en una crisis política e institucional que justifica a plenitud el descontento generalizado de la ciudadanía.

Ante este estado de cosas, se hace imprescindible la formulación de un gran debate nacional que permita plantear las bases suficientes para una reingeniería estructural del Estado, en la que se defina la visión de país, la estrategia socioeconómica de desarrollo y el diseño estructural del Estado, tres temas que quedan en el tintero para un tratamiento especial en futuros artículos similares.

El empoderamiento ciudadano sólo será posible si las organizaciones políticas que pretenden ser alternativa en las elecciones de octubre tienen la capacidad de escuchar, debatir con la sociedad, incorporar sus exigencias y propuestas, y hacerlas parte de la estructura de gobierno a través de acuerdos con sectores representativos de la sociedad y que a lo largo de este proceso han demostrado una convicción democrática a toda prueba.

Es imprescindible también devolver al ciudadano el poder de decisión a través de los mecanismos de participación definidos en la Constitución, asumiendo que lo único soberano en democracia es la voluntad popular.