El juez declaró "improcedente" la acción de cumplimiento que presentó un grupo de activistas, que forma parte de las plataformas ciudadanas de Santa Cruz, basado, principalmente, en la sentencia 084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que permite la reelección indefinida.

En ese sentido, y pese a haber admitido en un principio la demanda y haber fijado fecha para la audiencia (19 de febrero), de oficio, el juez rechazó "in límine" la demanda, es decir desde el inicio del proceso.

El domingo, el diputado Sergio Choque, amenazó al juez con procesarlo por haber admitido la demanda.

Sin embargo, la mañana de ayer, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, aclaró que esa postura no la comparten ni el Gobierno ni el MAS. "No se tomará ninguna acción contra el juez Alberto Zeballos. Las declaraciones del diputado Sergio Choque no representan la posición del partido ni del Gobierno", escribió en su cuenta de Twitter,

El partido, desde otros frentes, también se encargó, a lo largo del día, de dejar en claro esa postura.

Pese a ello, los opositores denunciaron presión sobre el juez. "Mi solidaridad con el Juez Zeballos que, en apego a la ley, admitió Acción de Cumplimiento Constitucional contra la ilegal candidatura de Morales. Las amenazas ya han aparecido y muestran de nuevo, que el MAS no respeta la separación de poderes", escribió el candidato de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa, en su cuenta de Twitter.

En Sucre, el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, informó ayer que a esa institución no llegó ninguna denuncia en contra del juez Zeballos.

REACCIONES

Tras conocerse la noticia, el activista Eduardo Gutiérrez, uno de los demandantes, denunció que el juez violó el procedimiento judicial, considerando que éste ya había fijado audiencia para el 19 de febrero, con la finalidad de resolver el caso.

Gutiérrez dijo que el rechazo del juez es una muestra más de que no hay independencia de poderes en el país.

La activista María del Carmen Morales, otra de las demandantes, por su lado, lamentó que la decisión, horas antes de la audiencia que debía dirimir el asunto, puesto que a su juicio el juez "debería haber esperado".

La activista señaló que la decisión responde a una "presión del Gobierno sobre el juez" y consideró que el magistrado comete el delito de prevaricato, es decir, una decisión arbitraria y contraria de las leyes. "Vemos un delito y vamos a apelar", protestó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), declaró a los medios que el juez "ha obrado dentro del marco de la legalidad y la legitimidad".

La legislación establece que un juez no puede asumir una causa cuando ya existe una sentencia constitucional, aseguró Víctor Borda en referencia al fallo del TCP de 2017, donde determinó el derecho a la reelección indefinida en el país.

Borda negó que se haya ejercido algún tipo de presión sobre el juez Zeballos.

Los denunciantes exigían en su demanda que el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cumplan la Constitución, en lo referente a los límites a la reelección.

No habrá proceso 

Manuel Canelas

Ministro de comunicación

Las declaraciones del diputado Sergio Choque no representan la posición del partido ni del Gobierno".

Hay amenazaCarlos Mesa

Candidato CC

 Las amenazas ya han aparecido y muestran de nuevo, que el MAS no respeta la separación de poderes.