Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: martes 19 de febrero de 2019
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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De esta manera, el ministro aclaró las declaraciones del diputado del MAS, Sergio Choque, quien anunció que se le iniciaría un proceso administrativo al juez, debido a que su decisión busca tocar la sentencia constitucional 0084/2017 por el cual se habilitó a Morales a la reelección indefinida.
“No se tomará ninguna acción contra el juez Alberto Zeballos. Las declaraciones del diputado Sergio Choque no representan la posición del partido ni del gobierno”, indicó Canelas a través de su cuenta de Twitter.
A su turno, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, mencionó que la admisión del juez es un trámite que significa que se tomará conocimiento de la acción, no implica que se la esté aceptando.
“Una autoridad jurisdiccional no puede ir en contra de una sentencia constitucional, al admisión de un recurso o una acción legal; sólo significa que se va a tomar conocimiento del trámite, no significa que se le está aceptando”, precisó Romero.
Para el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, la admisión hecha por el juez Zeballos está en apego a la ley y el que haya amenazas de parte del MAS es una muestra de que no respeta la separación de poderes.
“Mi solidaridad con el juez Zeballos que, en apego a la ley, admitió Acción de Cumplimiento Constitucional contra la ilegal candidatura de Morales. Las amenazas ya han aparecido y muestran de nuevo, que el MAS no respeta la separación de poderes”, escribió Mesa en su cuenta de Twitter.
La pasada semana, el juez Zeballos admitió la acción de cumplimiento constitucional contra la habilitación del binomio Evo-Álvaro, recurso que fue interpuesto por María del Carmen Morales y otros miembros de las plataformas ciudadanas, con el patrocinio del abogado Juan Carlos Díaz y Dora Montenegro.
En el recurso los activistas piden al juez que las autoridades cumplan el artículo 7 de la Constitución, que dispone que la “soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada”, pero además “es inalienable e imprescriptible”.