En pasadas horas, el jefe de bancada de Movimiento Al Socialismo (MAS) en La Paz, Sergio Choque, anunció que se impulsará un proceso administrativo contra el juez que admitió la acción porque señala que sobre una "cosa juzgada", como es el tema de la repostulación de Morales, "no se puede volver a tocar", cita una publicación de Erbol.

"Es lamentable que las autoridades de turno se valgan del poder total que tienen para comenzar a perseguir a un juez que lo único que hizo fue actuar en base a las leyes admitiendo esta acción, esto es una muestra más de que irán con todo su poder para amedrentar a la justicia", dijo Morales de Prado a ANF.

Remarcó que durante toda la gestión del Presidente Morales siempre se ejerció este tipo de amenazas porque las autoridades del oficialismo buscan acomodar la justicia de acuerdo a sus requerimientos y para ello acuden al amedrentamiento, a las ilegalidades e incluso hacen "acusaciones inventadas".

Pero "nosotros vamos a seguir y veremos qué pasa, sin embargo, me parece absurdo que un legislador esté emitiendo opiniones para hacer un proceso al juez que admitió la acción planteada. El legislador debe leer la Constitución y saber que cualquier boliviano tiene la obligación de exigirle a las autoridades de turno el cumplimiento de la Constitución y las leyes", manifestó.

El artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que el periodo de mandato del Presidente y Vicepresidente es de cinco años, y pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua.

El oficialismo intentó modificar la CPE a través de un referendo, realizado el 21 de febrero de 2016 (21F), para mantener en el poder a Morales y la mayoría de los votantes se opuso a esa posibilidad. 

Sin embargo, pese a ese resultado, el oficialismo continuó buscando su objetivo y mediante un recurso judicial, presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, logró que se posibilite la repostulación indefinida de Morales.

Luego los vocales del Tribunal Supremo Electoral terminaron por consolidar el objetivo oficialista habilitando para las próximas elecciones presidenciales a Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera, que están en el Gobierno desde hace 13 años de manera continua.

Entre tanto -según Morales de Prado- en pasados días ya se convocó a una primera audiencia sobre la acción planteada, pero no se presentaron los denunciados y fue suspendida hasta la próxima semana.