Como colegiala, Gabriela fue, según el diario Opinión de Cochabamba, una alumna regular que tenía una libreta salpicada de rojo. Terminó la secundaria, pero su título de bachiller fue tramitado 10 años después. En su fáctica vida de Primera Dama, Gabriela Zapata figuraba como abogada y cientista política, pero lo cierto es que el único título que logró en su vida es el de bachiller. 

Según contó ella misma en un post de Facebook, tenía 18 años cuando conoció y se enamoró de Evo Morales. Se unió a las Juventudes del MAS y, apenas terminado el colegio, se convirtió en la novia del candidato presidencial Evo Morales. 

En diciembre de aquel 2005, Evo Morales ganó las elecciones por mayoría absoluta y se convirtió en el Presidente de la República. El 22 de enero tomó juramento ante los asombrados ojos del mundo que aplaudían la llegada del primer indígena al poder en Bolivia. Entre los invitados más cercanos estaban su hermana Esther y sus hijos Eva Liz y Álvaro. Si estuvo Gabriela Zapata entre los invitados, los medios no lo supieron. Cuando los periodistas extranjeros le preguntaban por la Primera Dama, Evo respondía que él estaba “casado con Bolivia”.

El “nacimiento” del hijo

Un día de 2007, Gabriela Zapata y el presidente Evo Morales se presentaron en la oficialía de registro civil número 15 de la ciudad de Cochabamba para inscribir a su hijo Ernesto Fidel Morales Zapata. Entre las muchas falsedades y medias verdades que se dijeron sobre el supuesto hijo de Zapata y Morales, este acto emerge como algo cristalino y real. Ese día nace legalmente el supuesto hijo de la pareja.

La “tía” Pilar Guzmán dice que un día que se citó con Gabriela, ésta cargaba un bebé y que se lo dejó en brazos para ir al baño. De esa manera, Guzmán explica la incendiaria declaración que dio al canal de televisión PAT a finales de febrero de 2016.  “(El niño) está vivo, yo lo he tenido en mis brazos cuando tuvo cuatro meses. Yo viajé a Cochabamba y lo he tenido en mis brazos”, dijo entonces.

Ahora que una juez declaró la inexistencia física del niño y que ella participó en la suplantación de un menor para sostener la versión de que estaba vivo, Guzmán –procesada por trata y tráfico de personas a causa de esta suplantación–  dice que tal vez aquel pequeño que tuvo entre sus brazos no era el hijo del Presidente ni de Gabriela, y que fue engañada.

La existencia jurídica del niño fue develada públicamente por el periodista Carlos Valverde el 3 de febrero de 2016, cuando exhibió el certificado de nacimiento de Ernesto Fidel Morales Zapata y reveló que la madre del niño, Gabriela Zapata, era la gerente comercial de la empresa china CAMC, que tenía contratos millonarios con el Estado. Ello daba a pensar que se había producido un tráfico de influencias de parte del presidente Evo Morales en favor de la madre de su hijo. La noticia cayó como una bomba al faltar poco para el referendo constitucional (21F). Ese donde se preguntó al pueblo si aprobaba la modificación de la Carta Magna para que Evo Morales pudiera postular a un cuarto mandato.

Al día siguiente de la revelación se anunció una conferencia de prensa de Gabriela Zapata en el Hotel Presidente de La Paz, la que finalmente fue cancelada en medio de un supuesto ataque de nervios de la mujer. Quien terminó dando la conferencia de prensa fue el entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. En el Palacio de Gobierno confirmó que en 2007 Zapata y Morales mantuvieron una relación sentimental, aunque, según su versión, desde aquel año dejaron de verse, por lo que descartó el tráfico de influencias. No quiso referirse al supuesto hijo por ser un asunto privado.

El culebrón estaba servido. Todo lo dicho por Valverde era creíble. Y más real y claro fue al día siguiente, aquel 5 de febrero, cuando un Evo Morales nervioso y esquivo salió ante cámaras para confirmar que tuvo un hijo con Zapata, pero que lamentablemente había fallecido. Y, como quien se desentiende del asunto, aseguró haber averiguado sobre su vida y haberse enterado de que estaba casada.

Sin embargo, días después la Agencia de Noticias Fides revelaba una fotografía de ambos en el palco presidencial durante el Carnaval de Oruro de 2015, abrazados y sonrientes. Detrás de ellos, también tomados del brazo, posaban el vicepresidente Álvaro García Linera y el exfutbolista Leo Fernández, amigo íntimo de Gabriela y, según él mismo declaró, amigo también de Evo Morales.

Cuando hubo que dar explicaciones, a Morales se le salió la célebre frase de la “cara conocida”, que ahora se usa popularmente para nombrar a la pareja no oficial. “Ustedes saben, en las fiestas se acerca la gente para sacarse fotos con el Presidente, yo vi a una mujer que no recordaba bien, cara conocida, que se me acercó y era Gabriela (Zapata)”, explicó. Y se complicó.
 

“Abogada”, “empresaria” y rica

Efectivamente, Gabriela se había casado con Hugo Carvajal Ayaviri. Según el relato del exesposo ante la Fiscalía, se conocieron sin que nadie los hubiera presentado en una fiesta en 2007, el mismo año que, a decir de Gabriela, había nacido su hijo.

En 2009 empezaron a vivir juntos y un año después tuvieron una niña. En 2011 se casaron, pero el matrimonio, turbulento como el carácter de Gabriela, se vino abajo ese mismo año. Ya divorciada, ella se hizo cirugías en el rostro, se tiñó el pelo de color rubio platinado, se vistió con las marcas más finas, falsificó un título de abogada, se inventó una licenciatura en ciencias políticas y se convirtió en empresaria. La nueva Gabriela Zapata salió al escenario de la vida ejerciendo su papel de Primera Dama, de facto, de la nación.

El año de su separación coincide con su ingreso a la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia. La jefa de esa oficina era Cristina Choque, su amiga íntima, pero quien ingresaba como si fuera ama y señora del despacho era Gabriela.

Acorde a su nueva posición, Gabriela Zapata firmaba sus documentos como doctora. Fue en esa época en la que empezó a aparecer en revistas sociales con el perfil de una joven y exitosa empresaria. Pero no todo podía salir tan bien. Siendo ya una ejecutiva consolidada de la firma china CAMC posó junto a los ejecutivos de aquella empresa para la portada de una separata que se publicó el 30 de enero de 2016 en El Deber. Fue la prueba que Valverde estaba esperando para demostrar que ella trabajaba en esa compañía que tenía millonarios contratos con el Estado.

La oficina de la Primera Dama

Cristina Choque, una licenciada en ciencias políticas que militó en el MAS desde las aulas universitarias, conoció a Gabriela en las juventudes de aquel partido. Una vez que Evo Morales llegó al poder, Choque se convirtió en la asambleísta constituyente más joven de Bolivia. Era una aventajada de la política nacional. Luego, fue nombrada viceministra de Igualdad de Oportunidades. Gabriela la frecuentaba en esa época en su oficina del Ministerio de Justicia, según cuenta Jimmy Morales, el almacenero que más adelante sería el chofer de confianza de ambas.

Luego llegaría el cargo que Gabriela estaba esperando. Cristina Choque fue nombrada jefa de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social; es decir, ocuparía el despacho que, por decreto, estaba destinado a la labor de la Primera Dama. Gabriela Zapata hizo que ese fuera su centro de operaciones. Según la Fiscalía, en el libro de novedades, entre 2011 y 2014 se registraron 104 visitas de Zapata a  esa oficina “como si hubiese sido funcionaria pública de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social”. Incluso su correspondencia llegaba a esa oficina. Para sus reuniones con empresarios utilizaba el salón VIP. Pero no todos sus ingresos fueron registrados pues, según testimonios de los encargados de la puerta, se negaba a que la anotaran cuando ingresaba. “Quiénes son ustedes para registrarme, quién les ha instruido”, les increpaba.

Existen fotos de Zapata y Choque en diversas instituciones del Estado y otras en las que se las ve entregando donativos a personas vulnerables. La Unidad de Gestión Social es la depositaria de los bienes incautados al contrabando, que luego son repartidos según vea conveniente el jefe o jefa de la citada unidad. Gabriela Zapata también se creyó su papel de Primera Dama solidaria con los desvalidos.

También ingresaban a la Unidad de Gestión Social, con mucha frecuencia, Ricardo Alegría, Marvin Ramírez, Dennis Grundy y Wálter Zuleta, los que figuraban como parte de su equipo personal. Zuleta era el abogado de Zapata. Alegría depositó un total de 68.000 bolivianos en cuentas de Zapata. Sigfrido Antelo, su socio en la empresa Consilium, igual que Marvin Ramírez, contactaban a las posibles víctimas indicándoles que tenían contacto con una mujer “que tenía llegada al Presidente”. Como ejemplo del modus operandi, aparece el caso de Hovsep Antonio Assef, dueño de una casa de juegos que declaró haber entregado 50.000 dólares a Zuleta para concretar la Cámara de Juegos y conseguir la legalización de la actividad. 

Por aquellos años, Gabriela vivía su propia bonanza económica. Entregaba dinero a uno y otro y les pedía que hagan depósitos en su cuenta bancaria para despistar a quien quisiera investigarla. Cuando estalló el escándalo en febrero de 2016, el Gobierno no tuvo otra que convertir el proceso administrativo en demanda penal. Fue entonces que Quintana denunció la existencia de una “organización criminal” liderada por Zapata.

CAMC, el premio mayor

Si bien Gabriela fue enjuiciada por sus actividades en la Unidad de Gestión Social, esa no fue ni la más importante ni la más grande misión en su vida. La exnovia del Presidente empezó a jugar en las ligas mayores cuando se convirtió en lobbista de grandes empresas, especialmente chinas. Desde el 2013 tuvo una relación laboral formal con CAMC, una de las tres más grandes empresas estatales de China, que se adjudicó siete contratos con el Estado boliviano por 566 millones de dólares. Sin tener ningún título profesional ni experiencia en el ramo, se convirtió en la gerente comercial de esa gran compañía. Según su propia versión, cinco de los siete contratos fueron suscritos mientras ella se desempeñaba como gerente comercial de la firma.

La Fiscalía de La Paz, en sus primeros requerimientos, asegura que Zapata fue contratada en CAMC precisamente porque mostraba ser una mujer de influencia y de llegada a las altas autoridades del Estado. Sin embargo, poco a poco, a lo largo de la investigación, esa afirmación fue diluyéndose para desaparecer en la finalización del juicio. La denuncia de tráfico de influencias no fue investigada en ninguna instancia judicial, aunque sí fue descartada en el informe de la comisión legislativa, de mayoría oficialista, que se creó para investigar los contratos de CAMC a pedido del presidente Evo Morales.

Los contratos firmados con CAMC son siete: 

1. Compra de perforadoras para YPFB,  por 60 millones de dólares.

2. Construcción y puesta en marcha del ingenio azucarero San Buenaventura, por 167,9 millones de dólares.

3. Vía férrea Bulo Bulo Montero, por 106 millones de dólares.

4. Proyecto Misicuni componente 1, por 54 millones de dólares

5. Misicuni componente 3, por 2,3 millones de dólares.

6. Misicuni componente 4, por 2,5 millones de dólares.

7. Construcción de la planta de sales de potasio, por 178 millones de dólares.

Según la investigación titulada La ruta del dragón chino, de Página Siete, sólo el contrato referido a las perforadoras para YPFB tenía financiamiento del Eximbank de China, mientras que el dinero para los demás proyectos salió del Estado boliviano. El Gobierno no estaba obligado a contratar a una empresa china, y menos a CAMC.

La citada investigación encontró irregularidades en los diversos procesos de adjudicación y planteó una serie de interrogantes sobre la contratación de CAMC. Por ejemplo, el convenio con YPFB empezó siendo un proyecto para redes de gas, pero en el camino se convirtió en compra de perforadoras. Y no sólo eso, sino que el contrato se suscribió seis meses antes de que se autorizara la contratación del crédito con el Eximbank. En el caso del ingenio de San Buenaventura, se procedió a la contratación directa de la firma luego de que la licitación fuera declarada desierta. Eso al margen de la subutilización posterior de la fábrica que no puede funcionar a su plena capacidad porque en la zona falta caña de azúcar. En el caso de Misicuni, se llamó a una contratación por excepción para los cuatro componentes del proyecto, de los cuales, el 1, 3 y 4 fueron adjudicados a CAMC. Para la construcción y puesta en marcha de la planta de sales de potasio, CAMC se adjudicó el contrato pese a tener la licencia caducada. Y quizá el contrato que más contratiempos presentó fue el de la vía férrea Bulo Bulo-Montero, tanto que fue resuelto a finales de 2015 porque la empresa incumplió con el cronograma establecido. 

Entre tanto, la comisión legislativa que investigó los contratos y que incluso hizo inspecciones oculares a los proyectos sólo encontró anomalías en el contrato de la vía férrea, como el cambio de modelo del Documento Base de Contrataciones por lo que derivó el caso a la Contraloría. Por lo demás, todo estuvo bien. De tráfico de influencias, nada.

La Primera Dama enmanillada

En medio de este suculento escándalo, Bolivia vivía los últimos días de campaña rumbo al referendo constitucional del 21 de febrero en el que la mayoría de la población dijo “No” a una nueva postulación de Evo Morales a la Presidencia. De inmediato, el gobierno atribuyó la derrota electoral a “la mentira” inventada por los opositores y los medios de comunicación. Comenzó así la estrategia para posicionar la posverdad del caso Zapata.

Para que quedara claro que el poder nada tenía que ver con los negocios turbios de esa dama, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ordenó su detención sin que mediara, siquiera, una orden fiscal.

Aún en esas circunstancias, Gabriela no moderó su talante. Según el reporte de los investigadores del caso, la mujer los había amenazado. “Todas las personas que me están haciendo esto tendrán problemas, no descansaré hasta que estén aquí conmigo, aunque me quede 20 años. Tengo documentos, pediré pruebas de paternidad, ustedes son unos payasos, dejen de ser payasos, sé que Quintana está dirigiendo la Fiscalía”, habría gritado.

Ella, justamente ella, que había actuado o tal vez había creído que era la Primera Dama de la nación, estaba ahí, en la cárcel, vistiendo chinelas de presa principiante. Para jugar sus cartas y presionar al Gobierno, la tía Pilar salió a declarar que el niño seguía vivo, lo que contradecía completamente al Presidente, quien había declarado que estaba muerto. Las tías entregaron a los medios copias de ecografías, certificados de nacido vivo, certificados de nacimiento y, para que no quedaran dudas, un álbum de fotos en el que se veía a Gabriela cargando a un niño moreno. Eran muchas fotos, como para dejar claro que no era una instantánea casual.

El caso llegó al paroxismo a finales de marzo, cuando se conoció una carta que Gabriela le había escrito a Quintana, a quien llamaba “mi rey”, en la que se extrañaba porque había dejado de ser “caballero” con ella y lo acusaba de estar mintiendo al Presidente. Para aumentar morbosidad al asunto, sus allegados hicieron circular unos supuestos chats en los que se deslizaba que Quintana y Gabriela Zapata eran amantes. Había, además, un juego de 13 fotografías de Gabriela semidesnuda que circularon con la insinuación de que habían sido enviadas al ministro en cuestión. 

Si bien de esas acusaciones Gabriela se retractó más temprano que tarde, existen hechos reales que dejaron algunas interrogantes respecto al papel de Quintana en el caso. Por un lado, cómo es posible que no hubiera detectado a esa “organización criminal” en cuatro años si la Unidad de Gestión Social funcionaba bajo su dependencia. Otra duda es por qué desapareció el libro de novedades de la Unidad de Gestión Social durante tres días. Quintana indicaría que estaba en el Ministerio de la Presidencia para sustanciar el proceso administrativo contra los principales acusados, pero hay que recordar que el supuesto proceso se había desarrollado con anterioridad a la explosión del escándalo.  Y, finalmente, si bien Quintana acudió como testigo a declarar ante la Fiscalía, aseguró que perdió su celular personal, justo el que debía ser investigado.

A principios de junio de 2016, el caso dio un vuelco. Zapata cambió radicalmente de versión ante la Fiscalía. Se retractó de todas y cada una de sus acusaciones en contra de los ministros, dijo no conocer a Quintana y que el hijo del Presidente murió en 2009, aunque luego agregaría que en realidad nunca existió. Dejó de hablar con los medios de comunicación, rompió con sus tías de cariño, despidió a sus abogados y, lo más importante, acusó a la oposición de haber armado el caso.

Señaló directamente a Samuel Doria Medina y lo acusó de haber pagado al abogado Eduardo León para que la asesorara. También acusó al senador Arturo Murillo y a Jaime Navarro, ambos de Unidad Nacional, de haber sostenido reuniones con su falsa tía Pilar, aspecto que ellos reconocieron, pero dijeron que no había ninguna ilegalidad en ello.

Justo un año después de que estallara el escándalo, en febrero de 2017, cuando empezaba a tomar forma el movimiento de defensa de los resultados del referendo del 21 de febrero, apareció en escena una nueva versión de Gabriela Zapata. Sin maquillaje y vestida con sencillez, apareció en la cadena televisiva ATB. Ante cámaras ratificó sus acusaciones contra los opositores, la inexistencia de su hijo y, como novedad, acusó al exasesor presidencial Wálter Chávez de haber armado el caso en 2005 para perjudicar a Morales. Insinuó que todo fue planificado cuando ella era una jovencita para que se convirtiera en la mujer del Presidente, con la finalidad de acusarlo de tráfico de influencias 11 años después. Raro, por decir lo menos.

Finalmente, en mayo de 2017, Gabriela Zapata fue condenada a 10 años de cárcel por legitimación de ganancias ilícitas en un juicio que para Bolivia puede considerarse rápido (poco más de un año). También fueron condenados a penas menores Cristina Choque, Jimmy Morales y los dos socios que operaban desde la Unidad de Gestión Social: Ricardo Alegría y Marvin Ramírez.

Epílogo 

Esta historia saltó a la arena pública con el certificado de nacimiento de Ernesto Fidel Morales Zapata y, para que el hijo inventado por Zapata dejara de echarle sombras, el presidente Evo Morales se propuso eliminar todo rastro legal de su existencia.

Zapata había presentado fotografías de cuatro niños diferentes aduciendo que eran del hijo del Presidente. Finalmente sus abogados mostraron a un niño que no guardaba relación con los de las fotografías y, peor aún, no llegaba a la edad que hubiera tenido Ernesto Fidel en caso de existir. Era muy chico. En el interín también se conoció que el certificado de nacimiento había sido emitido gracias a un certificado de nacido vivo falso. El Hospital de la Mujer de La Paz acreditó que Gabriela Zapata “no tuvo parto atendido en el referido nosocomio”. Con todos esos elementos, la jueza Jacqueline Rada declaró en mayo de 2016 la “inexistencia física” del niño. Entre tanto, Wálter Zuleta y William Sánchez, los otros dos defensores de Zapata, huyeron del país.

En esas circunstancias, el periodista Carlos Valverde también dio un giro en su investigación para anunciar que el niño no había nacido, aunque legalmente seguía existiendo porque su certificado de nacimiento era verdadero, siendo  avalado por una oficial de registro civil de Cochabamba. En junio de 2017, el presidente Morales inició un trámite para borrar todo vestigio del “hijo” que tantos dolores de cabeza le había causado. Pidió a la justicia la anulación de su partida de nacimiento, lo que ocurrió en agosto del mismo año.

Ahora el Gobierno quiere dejar en el olvido las declaraciones de García Linera que, con la finalidad de mostrar a Evo como un buen padre, había dicho que llegó a conocer a su hijo y que colaboró para hacerlo curar. También quiere borrar que Evo reconoció que tuvo un hijo con Zapata y que éste murió. Quiere desaparecer la historia de que Zapata se hizo millonaria, que trabajó para CAMC y que esa empresa se adjudicó contratos millonarios con el Estado. Se inventó que en Bolivia existe un “cártel de la mentira”, conformado por medios de comunicación independientes, y que el caso Zapata fue un ardid de ellos y de la oposición. Con esto quiere desconocer el referendo del 21 de febrero del 2016, en el que Bolivia dijo “No”.

Pero la verdad es que Gabriela existe, que tuvo una relación sentimental con Evo desde sus 18 años, que ambos inscribieron a su hijo en la notaría, que ella utilizó ese certificado de nacimiento para conseguir contratos con el Estado, que se convirtió en gerente comercial de CAMC y que se hizo millonaria con esta historia.

Mientras Evo Morales busca borrar esa verdad e insiste en convertirse en presidente vitalicio, su exnovia pasa sus días en la cárcel de Miraflores, donde fue llevada luego de conflictos con las internas de Obrajes. Allá, según dijo Nemesia Achacollo (exministra del gobierno de Evo, encarcelada por algún tiempo), vive en una celda especial. Allá, según corroboran otras fuentes, recibe un trato preferencial.

Para cerrar esta crónica, se hizo una visita a  la cárcel de Miraflores, pero el policía, luego de hacer esperar a la autora por unos minutos, como si de un guardaespaldas se tratara, respondió que Gabriela Zapata no quiere recibir la visita. Para otras presas no hay consultas previas. Aún en la cárcel, actúa como la Primera Dama de facto.

Esta es una versión editada y resumida del texto original publicado en el libro Prontuario, de Página Siete y Editorial 3600, publicado en agosto de 2018.