A esa ruta equivocada se puede sumar la carencia de una propuesta electoral estratégica, sus peleas intestinas y las denuncias de corrupción surgidas en su interior.
Fue en 2018 cuando dichos sectores presionaron, desde los medios y desde la calle, al Tribunal Supremo Electoral para que no acepte la candidatura de Morales. Presentaron impugnaciones que no prosperaron.
Posteriormente intentaron desestabilizar y estigmatizar al TSE induciendo a una renuncia colectiva que trabe el proceso electoral. Sin embargo, el Órgano Electoral prosigue con su trabajo rumbo a los comicios generales. 
Para evitar su desgaste, los partidos contrarios al Gobierno impulsaron/promovieron a las denominadas plataformas ciudadanas, que incluso declararon una huelga de hambre y movilización de la sociedad civil. Pero nadie las escuchó o siguió. Su discurso incendiario sólo fue reflejado en la agenda mediática privada. 
Con el fin de perjudicar la candidatura de Morales los opositores intentaron usar la difusión de una encuesta para eliminar al MAS de la competencia electoral. Sin embargo, la Fiscalía y el TSE rechazaron sus pretensiones.
Agotado el escenario nacional, dirigieron su mirada al campo internacional. Presentaron sin éxito una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la postulación presidencial. También solicitaron que se dicte medidas cautelares, pero no encontraron respuesta positiva.
Recientemente, a propósito de las sesiones de la CIDH en Bolivia, los opositores anunciaron casi una convulsión social en la ciudad de Sucre, sede de las reuniones de la Comisión, pero sólo llegaron a la Capital unas cuantas decenas de personas. 
El ministro de Justicia, Héctor Arce, recordó que los opositores mintieron cuando informaron que se habían reunido con los comisionados de la CIDH.
Los adversarios políticos del Gobierno dijeron que el ente internacional les recomendó apelar a Colombia y Brasil para agilizar el procedimiento contra la reelección, pero el secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrao, los desmintió. 
Esta campaña errática contra la postulación de Morales es impulsada por actores políticos que si bien tienen una amplia resonancia mediática, tienen escaso peso electoral fáctico.
Por ejemplo, en las elecciones primarias, la candidatura de Óscar Ortiz obtuvo el apoyo de 13.852 ciudadanos. 
La postulación de Carlos Mesa logró 4.008 votos, mientras que uno de los críticos más feroces del Gobierno, Víctor Hugo Cárdenas, apenas alcanzó el respaldo de 1.288 militantes.
Por el contrario, la candidatura del Jefe de Estado obtuvo el apoyo de 406.065 personas.
Es decir, opositores con escaso respaldo de sus militantes buscan anular, a como dé lugar, al aspirante (Evo Morales) que tiene el mayor apoyo verificable. 
A esa situación se añade la ruptura del matrimonio político entre Samuel Doria Medina y la agrupación de Rubén Costas, y las defecciones dentro de UD. 
Un punto aparte merecen las denuncias de corrupción/extorsión entre algunos diputados de Unidad Demócrata. 
Por todo lo mencionado, la derecha bien podría ocuparse de armar su plan de gobierno en vez intentar perjudicar al postulante favorito.