Insisto que el régimen metió otra vez las de andar con mandarse la parte invitando a la CIDH a sesionar en Bolivia, pues aunque por reglamento no se abordarían denuncias contra el estado boliviano –en las audiencias públicas– fue tal el grado de expectativa e insistencia de los ciudadanos, que la propia CIDH tuvo que hacerse del otro viernes con su regla y habilitó una sui generis audiencia pública, fuera de programa y de a 90 segundos por nuca, sin presencia –oficial– del Estado. Aunque el desorden primó por parte de la sociedad civil que convirtió la audiencia en el muro de los lamentos poniendo en evidencia el fracaso del régimen para cumplir su principal obligación si es que se trataría de uno de corte democrático: garantizar los DDHH de todos sus ciudadanos; la desesperación cundió en las filas azules, que desplegó sus movimientos sociales para alabar descaradamente a su amo al extremo que no faltó alguno que proclamó al binomio trucho en plena audiencia y, hasta la Procuraduría terminó degradando a su personal en guaruras del régimen, intentando so pretexto de espacio, protocolo y seguridad, impedir el libre acceso ciudadano a la sala, maltratando incluso a personas de la tercera edad. Una muy peculiar audiencia “pública”.

Pese a todo, la desbordada participación ciudadana resultó importante y por ello, otra vez al régimen le fue imposible ocultar que el respeto al voto del soberano del 21F constituye hoy la principal demanda ciudadana boliviana en materia de DDHH, precisamente ante el descalabro de los altos tribunales internos independientes, sometidos por el régimen que ha puesto a sus atawatos disfrazados de magistrados.

Tratándose de varios pero sobre todo, genuinos derechos humanos (derechos políticos, igualdad ante la ley y protección judicial en relación con la correlación entre deberes y derechos, todos previstos por la joya más preciada del Sistema Interamericano), sostengo que la CIDH ha quedado por lo recién acaecido, obligada para resolver oportuna y efectivamente las peticiones formales (varias) y/o la formulada en su anterior período en la sesión pública sobre reelección o las brevemente presentadas cuya trascendencia debiera honrarse para no quedar en un simple show.

Dejar transcurrir el tiempo, como ocurrió con el Gadea Vs Nicaragua (7 años) generaría un grave deterioro a su decisivo rol –discursos se dieron en ese sentido– para el respeto de la democracia y el estado sujeto al imperio del derecho, como facetas de los DDHH.

Eso es lo que también quedó evidente en las actividades académicas paralelas realizadas en el I. COLEGIO DE ABOGADOS DE CHUQUISACA en las que expertos internacionales y bolivianos, sin las finuras diplomáticas de las sesiones oficiales, pusieron en manifiesto que sin importar sean de izquierda o derecha (si aún existen aquellas categorías), los regímenes caudillescos han seguido el mismo modus operandi para violar sus propias Constituciones y asegurar reelección sine día: usar sus Tribunales, logrando en la mayoría de los casos prostituirlos en favor del poder partidario reinante. Además, surgió con demasiada insistencia el fantasma de quedar convertidos en la próxima Venezuela o Nicaragua, de lograr el binomio trucho meterle no más con su delirio totalitario. El Sistema Interamericano tiene la palabra, ya que: “El secreto de la paz verdadera, reside en el respeto de los Derechos Humanos”. Juan Pablo II