Se engañan quienes creen que el Gobierno, con la abrogación del Código Penal, escucha al pueblo. Este “regalo” forzado del “hermano” Evo fue, como toda conquista social, producto de contundentes movilizaciones en el país. En principio Morales ofreció derogar los artículos 137 y 205 para desactivar las protestas. No fue suficiente. Los jóvenes, sobre todo, continuaron la resistencia. La respuesta del régimen fue brutal: represiones violentas que, en La Paz, profanaron la iglesia de San Francisco donde los manifestantes buscaron refugio.

La historia es cíclica. Ya ocurrió en 1978 cuando la dictadura de Banzer allanó templos para expulsar a quienes exigían una apertura democrática. En ese entonces el gran arzobispo Jorge Manrique, además de criticar al régimen, amenazó con excomulgar a los culpables de la violencia estatal: “(…) se ha violado el Templo de Cristo Rey y recintos que tradicionalmente en nuestro país han sido considerados siempre lugares de asilo (…). Más grave aún que invadir los templos materiales es violar los templos vivos de la Iglesia que son las personas (…). Ante hechos de tal magnitud, la Iglesia se reserva el derecho de recurrir a la extrema medida de la excomunión en caso necesario, contra los autores, tanto materiales como intelectuales, de estos hechos” (Centro de Estudios y Publicaciones, Tierra de dolor y esperanza 44).

Un profeta bíblico hablaba por boca de Manrique. La solidaridad y el apoyo de la Iglesia católica al movimiento social fueron fundamentales para que la dictadura banzerista aceptara la democratización del país. 2018: el Gobierno masista replica tácticas dictatoriales allanando recintos religiosos para detener (y torturar) a “terroristas” y “fascistas” que pedían respetar la Constitución y el referéndum del 21F que bloquean la ambición de un Evo actual o de otro Huevo futuro.

Ante el fracaso del terrorismo estatal —continuaban las movilizaciones— lo urgente y sensato era derogar el Código Penal, anuncio fielmente obedecido por los masistas del Congreso donde algunos, sin(vergüenza), confiesan que: “Nos hemos acostumbrado a que nos instruyan qué hacer” (José Alberto Gonzales, Página Siete 28/01/2018).) ¿Y todavía se preguntan por qué fue ratificado?

El “desprendimiento” del jefazo, ¿en serio?, fue una reacción estratégica para que la “derecha” no se aproveche —“Evo, no te creo”— del distanciamiento entre el aparato estatal y la sociedad civil: salvar el pellejo para los libre pensantes. La ley, en la ética masista, funciona cuando se trata de disimular, defender y/o mantener sus privilegios. Para otras cosas: ¡mana kanchu!

Pero el problema central, defensa del voto del 21F, queda pendiente. Por eso la “generosidad” de abrogar el Código Penal —el lector inteligente lo sabe— fue un paso obligado aunque insuficiente para la agenda “Evo a perpetuidad”. Bolivia, temo, va a sufrir MAS mentiras, MAS cinismos, MAS manipulaciones y MAS violencia en el insensato afán de los machifachos de violar la Constitución y la soberanía popular para satisfacer el “derecho humano” de su “hermano” mayor: no tienen otro.

El ciudadano de principios democráticos debe continuar vigilante para que se respete su voto: siempre por la razón rechazando la “guerra” florida del Vicepresidente. Es triste pero nunca como antes la democracia fue tan manipulada ni estuvo en tanto peligro en manos inescrupulosas. Un paso central es rejuvenecerla fortaleciendo el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) con jóvenes de toda filiación política, incluidos masistas de buena fe. Sumar y sumar: defender la “voluntad del común” requiere la energía de todos los que todavía creen que un Estado de derecho es posible.

El autor es economista y filósofo