Contradicción insostenible que finalmente encontró un quiebre definitivo en la revolución social del año 2003 y cuya energía fue encauzada positivamente en un proceso democrático que en el 2005 generó el primer gobierno indígena de Bolivia a la cabeza del presidente Evo Morales y la consecuente instauración de una Asamblea Constituyente que, en el 2009, nos entregó una bitácora para el cambio social más radical que la sociedad boliviana haya experimentado jamás. Así, en sus más de 400 artículos, la nueva Constitución delineó una amplia agenda transformadora cuyos puntos más radicales son los siguientes.

Primero, y el más importante, la construcción de un Estado Plurinacional comunitario cuya piedra angular es el reconocimiento y la celebración de la diversidad de nuestros pueblos indígenas como legítimos dueños ancestrales de su tierra y territorio, incorporándolos de jure y de facto en la vida política, social, jurídica y económica del Estado. Como lo afirmaría García Ruiz “Cada uno de nosotros necesita ser reconocido para existir; ya que son los otros quienes confirman nuestra existencia, ya que toda coexistencia es al mismo tiempo, un reconocimiento”.

Como sabemos, la república boliviana fue fundada en 1825 por 46 “doctores” charquinos, representantes criollos de las provincias alto peruanas que como lo hizo don Pedro Olañeta -tío de Casimiro Olañeta- al ver la derrota de la corona española le dieron la espalda, reemplazaron los males de la colonia por un nuevo sistema de dominación que, aunque se llenaba la boca con los ideales de la revolución francesa apostó por reciclar aquel sistema de agravios que a la larga empeoró las condiciones de vida de las mayorías indigenas de la nación. Como sabemos, en ese entonces la población indígena superaba el 90% de la población, pero curiosamente solo el 10% manejó, gobernó y desarrolló un sistema de colonialismo interno, un sistema de explotación que puede ser descrito como una burocracia feudal de expoliación de las grandes mayorías nacionales. Régimen que pervivió a lo largo de las 16 constituciones anteriores y que solo pudo ser confrontada y liquidada por un nuevo texto constitucional que logró ese gran reconocimiento.

Un segundo cambio radical que logró nuestra Constitución, es el establecimiento de un Estado Autonómico. Como sabemos, un elemento esencial de la historia boliviana fue la lucha entre federalistas y centralistas que penosamente dio lugar a grandes enfrentamientos fratricidas como la denominada revolución federal del año 1899, que finalmente terminó manteniendo el centralismo. Más adelante, en el referendo de 1931 también se buscó incorporar la descentralización político administrativa, propuesta que finalmente fue abandonada por la inminencia de la Guerra del Chaco. En la década del los años setenta, los movimientos cívicos de Santa Cruz enarbolaron el federalismo logrando tras intensas luchas de varias décadas la aprobación de la Ley 1654 de Descentralización Administrativa, que penosamente fue una falsa concesión de libertad a las regiones. Finalmente, este desiderátum histórico fue alcanzado en el 2008 gracias a los esfuerzos de diálogo, negociación y deliberación efectuados entre la Asamblea Constituyente, el Gobierno Nacional y el Congreso de aquel entonces; quienes viabilizaron un nuevo pacto social y político que solucionó para siempre el debate histórico sobre nuestra organización territorial.

Gracias a ello, hoy podemos afirmar con certeza que somos un país soberano y unido en nuestra compleja diversidad. Hoy en día, los cruceños, benianos, pandinos y tarijeños, que otrora fueran tentados por la denominada “media luna” son los que con mayor felicidad celebran ser parte de la nacionalidad boliviana, sin perder su individualidad y su poder para regir su destino. Hoy tenemos una absoluta paz social forjada gracias a un texto, que como veremos en nuestro próximo artículo, dio soluciones a los más antiguos y complejos problemas nacionales.