Fueron creadas entonces la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta última en su artículo 1º. se define como “un órgano de la Organización de Estados Americanos creado para promover la observancia de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a su vez, fue creada en mayo de 1960 “para promover la observancia y defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia” (art. 1). Apuntamos la finalidad esencial de este organismo pues en los últimos días ha tenido eventos en Sucre en cumplimiento de sus objetivos principales: protección y defensa de los derechos humanos, una labor ciertamente de notable trascendencia para resguardo del sistema democrático en los países que conforman la OEA. Más aún, la Comisión participa, junto a otros organismos internacionales propios de América, en el esfuerzo conjunto “de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto a los derechos del hombre” (Preámbulo de la Convención Americana).

Bajo tales circunstancias las denominadas “plataformas” (que no son otra cosa en el país que la expresión activa y legítima de la ciudadanía que exige respeto y acatamiento al referéndum del 21 de febrero de 2016 – 21F), hacen conocer su inquietud, que es de gran parte del pueblo boliviano por las intenciones de repostulación de los actuales mandatarios de la República, porque ellas representan una abierta infracción y desconocimiento al régimen democrático que proclama nuestra Constitución y al veredicto del pueblo boliviano del 21 de febrero (21F), decisión que ninguna instancia – ni política ni jurídica – puede desconocer, sin incurrir en verdadero desacato que tiene su origen en el prevaricato cometido por los miembros del entonces Tribunal Constitucional Plurinacional, en noviembre de 2017.