Medio: El Deber
Fecha de la publicación: domingo 17 de febrero de 2019
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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Sin mayor trascendencia en lo concreto pasó por Bolivia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), invitada por la administración de Evo Morales para que sesione en nuestro país. Ese convite le costó al erario público más de medio millón de dólares, sin contar gastos internos, como consecuencia de la parafernalia de paseos, montaje de espectáculos folclóricos y otros entretenimientos que el Gobierno procuró para este grupo itinerante, que poco y nada hace en materia concreta de defensa de los DDHH.
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Basta ver que para dar una opinión sobre el álgido caso de Nicaragua, la tal Comisión se demoró casi ocho años. En ese largo período se han perdido vidas y se agudizó el drama de la nación centroamericana, mientras estos burócratas han seguido paseando y dándose pomposas ínfulas. Resulta indignante en verdad el ver cómo se gastan los fondos del sistema interamericano en mantener cuerpos institucionales que no sirven, o sirven muy poco.
Como su reglamento inhibe a este cuerpo colegiado de emitir pronunciamientos acerca del Estado donde sesiona, mientras estuvo acá, tan solo escuchó a las plataformas opositoras. Algunos afirman que la Comisión sugirió -en forma reservada- caminos de solución para que transiten por ahí los defensores de la voluntad popular expresada en el referendo del 21 de febrero de 2016. Ese trascendental evento pronto cumplirá tres años.
El resultado negativo para el binomio presidencial -que aspiraba a una cuarta postulación-, fue rechazado por el oficialismo sobre la base de un conjunto de dudosas argumentaciones. En este caso, ciertamente no ha regido aquello de “obedecer al pueblo”... Luego el MAS buscó alternativas vía un tribunal complaciente y se apeló a un presunto “derecho humano” de ser reelegido constantemente. Ni este último aspecto, tan groseramente elemental y fácil de refutar, ha sido despejado hasta ahora ni por la Corte Interamericana de DDHH ni por la Comisión, pese a que el origen de la maniobra prorroguista viene desde 2003. Y cuando ¡al fin! los burócratas deciden entrar en acción demoran años, olvidando que la defensa de los principios democráticos debe ser pronta e inmediata.
He aquí, en lo someramente expresado, una prueba palpable del estado de calamidad en el que se encuentra el sistema interamericano, desde su cabeza hasta el último ujier.
Se requiere una pronta reestructuración de los principios generales de la Organización de Estados Americanos y del sistema que lo acompaña, hoy por hoy envuelto en marañas de ineficiencia y sin cumplir preceptos que demandan su atención inmediata.
