Solo es necesario recordar que los tres máximos tribunales: el Constitucional, el Electoral y el de Justicia tendrían que haber sido insignia de las transformaciones estatales, pero se han convertido, por el contrario, en la prueba mayor de su fracaso y su falsificación.

El Tribunal Constitucional y el Supremo de Justicia están presuntamente compuestos por quienes aprobaron el reto de una elección libre y democrática, pero, en realidad, ninguno de sus miembros cuenta con el respaldo de siquiera el 10% de los electores, lo que de otra manera significa que todos acumulan al menos un 90% de rechazo, proveniente de la aplastante mayoría de nulos y blancos que les da la espalda.

No obstante la claridad del mensaje emitido en las urnas, curiosamente, casi toda la oposición partidista llega a la conclusión de que el problema se encuentra en que los cargos de los máximos tribunales son elegibles.

Así, doctos y expertos cierran los ojos a la sagacidad de los electores, que no se dejaron engañar con la propaganda que les prometía la oportunidad de decidir quienes encabezarían los máximos tribunales, pero bajo un sistema de elecciones no democráticas, en el que los postulantes no se pronuncian públicamente sobre los problemas ciertos y candentes y los votantes han de marcar a ciegas una papeleta, todo, para que la decisión final permanezca en las manos de los parlamentarios que son quienes seleccionan y arman las listas de candidatos.

Las experiencias de esas elecciones prueban que el Legislativo, como parte interesada, e invariablemente instrumentada por el Ejecutivo, no es la instancia apropiada para escoger candidatos y que necesitamos una forma de selección partidistamente neutral, que le reconozca a los electores posibilidades reales de respaldar a los candidatos que presenten propuestas más transparentes y claras, así como de revocar el mandato de los que incumplan sus compromisos. Lo que debe complementarse con una reglamentación que impida posesionar en los cargos electivos a los que obtengan menos votos que los blancos y nulos, porque esos votos cuentan, pesan y valen.

Los vocales del TSE no surgen de una elección popular, sino que son nombrados, directamente, por los más interesados en tenerlos bajo su control: el presidente y los parlamentarios. Ese es el camino que conduce con plena seguridad a tener un órgano electoral secuestrado, doblegado y sumiso como el actual.

La renuncia de los vocales del TSE y del TCP no nacerá del arrepentimiento de quienes saben que han cometidos delitos gravísimos contra la Constitución, la voluntad soberana y su propio juramento. Tampoco de una determinación del Gobierno que ha hecho de los tres tribunales su parapeto para mantenerse al mando y garantizar la impunidad de quienes controlan el poder.

Tampoco de la oposición partidista que, en el fondo, desconfía tan honda y empecinadamente de la voluntad y el juicio popular, como aquellos a los cuales hoy se enfrenta.

La renuncia de los miembros del TSE y el TCP solo puede lograrse por la movilización social, como parte de las luchas contra las injusticias, la discriminación y el recorte de libertades que son hoy la línea troncal de la acción del Estado. La resistencia concreta, proveniente del mandato del 21F, tiene que apuntar a estos tribunales, desde donde se gestó y se mantiene la burla a la voluntad democrática y el cumplimiento de la Constitución.

Omitir esta tarea, subvalorarla, permitirá que vocales y tribunos entregados al régimen esgriman en cualquier momento el poder que se les ha entregado, para reiterar y profundizar delitos y atrocidades que ya han cometido.