A este respecto, y a la luz de los argumentos esgrimidos por dichos activistas políticos, resulta que semejante afirmación es completamente falsa y no tiene asidero alguno en términos de legalidad propiamente hablando. Sino por el contrario, la medida anunciada y a ser ejecutada el 21 de febrero del año en curso es un acto en sí mismo completamente sedicioso, es decir que tiene los elementos constitutivos del tipo penal denominado SEDICIÓN a la luz del Código Penal en actual vigencia.

Lo extraño y llamativo del caso que nos ocupa es que este grupo de individuos hace varias semanas que viene actuando a título nada menos que de “defender la democracia”, democracia que en otros términos significa nada menos que vigencia plena del “estado de derecho”.  Por consiguiente, si tenemos presente que está vigente el “estado de derecho”, resulta un contrasentido lanzar medidas que están revestidas de ilicitud, que están por tanto dentro del campo delictivo. No otra cosa significa desconocer las resoluciones emitidas por los órganos de Justicia llamados por ley, resoluciones de obligatorio cumplimiento, así uno no estuviere de acuerdo con el contenido de dichas resoluciones, observar esto último que acabamos de mencionar es un deber ineludible para todo aquel que se considera un ciudadano que observa la vigencia de la democracia como sistema y por ende la vigencia del “estado de derecho”.

Por tanto, el ir en contrarruta del ordenamiento democrático es simple y llanamente ingresar en el campo de la ilicitud, de lo delictual en consecuencia. De ahí que este grupo de individuos, que se arroga la paternidad de los denominados “Comités Cívicos”, con su accionar lo que está haciendo no es más que ingresar en la esfera delictiva, a cuyo “comportamiento” extraña y curiosamente le denominan “defender la democracia”.  Por lo que esta actitud vista de modo objetivo en sí misma es completamente ofensiva contra los postulados que encierra el sistema democrático como tal.

Establecidas así las cosas y teniendo presente la plena vigencia del sistema democrático no se puede permitir que estas “entidades cívicas”, y sus “dirigentes” —dicho de manera general— continúen actuando de manera impune como lo vienen haciendo hasta ahora y ante la vista y paciencia de quienes están llamados por ley a precisamente hacer cumplir la ley. Es a ellos a quienes nos dirigimos en primer término y les decimos que es momento de actuar en defensa precisamente del “estado de derecho”, lo que significa no otra cosa que poner a disposición de la justicia a los CONSPIRADORES de hoy y consecuentemente ponerlos en el lugar que les corresponde y que no es otro que un recinto carcelario.  Eso SÍ es defender la democracia entendida como sinónimo de la vigencia del “estado de derecho”, término al que hemos aludido más de una vez en el presente artículo.

Por otra parte, a los ciudadanos y a la sociedad civil en general, lo que nos corresponde, si en verdad apreciamos la plena vigencia del “estado de derecho”, es salir a defender la democracia como sistema, así como al mismo tiempo salir a defender el actual Proceso de Cambio, que tiene vigencia en la actualidad en el país. Proceso de Cambio que va más allá de la sigla partidaria del actual gobierno, dada la trascendencia alcanzada, con sus luces y sombras como las que le toca enfrentar y afrontar a todo proceso de cambio y renovación. 

Lo importante es estar conscientes que detrás de las “banderas democráticas” enarboladas por estas “entidades cívicas” que se atreven a convocar a un “paro cívico nacional”, se esconden los más oscuros intereses de los verdaderos enemigos de la patria, aquellos que ya fueron derrotados en octubre de 2003, pero que hoy camuflados bajo el disfraz de “plataformas ciudadanas”  siguen pensando en volver a controlar el país.  Esto es algo que no podemos permitir que pase quienes luchamos por la recuperación de la democracia en BOLIVIA y que ya lleva 35 años de vigencia, hagamos por tanto lo que nos corresponde hacer.

* Diputado nacional.