En las estadísticas oficiales de conflictividad del Gobierno de la gestión 2017 figuran 984 registrados a escala nacional y considera que el país se encuentra en una situación pacífica y de convivencia social, ya que Bolivia ocupa el puesto 11 entre 22 países en Latinoamérica en el rango de conflictividad, según el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.

La verdad es que a nadie sorprende la cantidad de conflictos sociales y políticos, ya que la población se ha acostumbrado a este caos, pero llama la atención que además de las organizaciones sociales que tradicionalmente se manifiestan, han hecho eclosión serie de movimientos democráticos, agrupaciones cívicas y otras que coinciden en la defensa de la legalidad, demandando respeto a la Constitución Política del Estado y las leyes que norman las relaciones del Estado y la sociedad.

Apenas se solucionó el conflicto médico y de los trabajadores de salud, ya la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un paro movilizado que se cumplirá hoy, en defensa de su institucionalidad. El organismo laboral expulsó a dirigentes que se prestaron a acciones dirigidas a dividir a los trabajadores. El secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, denunció que miembros de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) buscan, bajo instrucciones del Gobierno, dividir y fragmentar al ente matriz de los trabajadores.

Los comités cívicos de la mayoría de los departamentos y principales ciudades del país también decidieron acciones en defensa de la democracia. Reunidos en Cochabamba, los cívicos aprobaron una resolución por la que se ratificó para el 21 de febrero próximo un paro nacional, con movilizaciones y bloqueos, en defensa y respeto a la democracia y contra la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional, que habilita a Evo Morales a postularse de manera indefinida a la Presidencia del Estado. El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Juan Flores, anunció que el 14 de febrero próximo volverán a reunirse los dirigentes, en La Paz, para coordinar acciones.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y los dos ex defensores del Pueblo, Rolando Villena y Waldo Albarracín, anunciaron una demanda interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de una nueva postulación del presidente Evo Morales, por considerarla atentatoria al "derecho adquirido" de más de 2,5 millones de personas y al referendo del 21 de febrero de 2016 que superó el 51% de los votos rechazando la re postulación de los actuales gobernantes.

Albarracín explicó que en la demanda se pide que "se respete nuestro derecho humano, porque hay un derecho adquirido, ese 'No' ha causado Estado en el país, ya es ejecutoriado, es inmodificable, tiene efecto vinculante de cumplimiento obligatorio", enfatizó el actual Rector de la UMSA y ex defensor del Pueblo.

Todo este panorama muestra señales de que la conflictividad amenaza con extenderse. Cada vez son más los argumentos y acciones de orden jurídico que se exponen en defensa del Estado de Derecho, demandando respeto a la Constitución Política del Estado y al ordenamiento legal, que son la columna vertebral del proceso democrático que tanto sacrificio ha costado al pueblo boliviano.