Medio: Jornada
Fecha de la publicación: jueves 01 de febrero de 2018
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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"Algunos ex defensores del pueblo, algunos dirigentes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, hasta algunos dirigentes sindicales, todos resentidos, son ahora aliados de la derecha", aseguró Morales durante un acto gubernamental en Oruro (oeste).
El mandatario sostuvo que la derecha y el capitalismo no tienen "ningún derecho a hablar de la democracia, menos de los derechos humanos".
Las declaraciones del presidente se produjeron un día después del anuncio por parte de los exdefensores Waldo Albarracín y Rolando Villena y la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, de que hoy presentarían una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El pedido reclama antes esta instancia respeto al voto popular del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría de los electores votaron en contra de una reforma constitucional que daba la posibilidad al presidente Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García, de ser candidatos en futuros comicios.
Los sectores sociales cercanos a Morales propusieron el referéndum poco tiempo después de su reelección en diciembre de 2014.
El Gobierno atribuyó esa derrota a una campaña de desprestigio dirigida por la oposición, a la que acusó de recurrir a mentiras para dañar la credibilidad del mandatario y en la que sacó a la luz detalles de su vida privada.
El año pasado el Constitucional boliviano respondió favorablemente a una demanda presentada por el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), que pidió que se aplique un artículo de la Convención Americana de los Derechos Humanos por encima de la Constitución y la norma electoral de Bolivia, que impiden la reelección por más de dos periodos consecutivos.
El recurso argumentó que la Constitución boliviana y la normativa electoral impedían el derecho de Morales, que ampararía esa convención, de ser electo y de la población a elegirlo.
El dictamen de ese alto tribunal es inapelable y cerró las posibilidades de objetarlo en instancias nacionales en Bolivia.
Morales, que lleva doce años en el poder, fue habilitado para un tercer mandato consecutivo por el Constitucional al entender que el primero (2006-2009) no cuenta por ser anterior a la actual Carta Magna y con su último fallo le permite postular de forma indefinida.