Para el proyectista del texto departamental original, no había necesidad de adaptar un estatuto que había sido votado por el 86% de los cruceños, peor aún si la Constitución Política del Estado no exige este instrumento jurídico para ejercer las 36 competencias exclusivas de los departamentos que lista la CPE.

Consultado sobre qué cosas nuevas podrá hacer la Gobernación tras la entrada en vigencia de los estatutos, Hugo Siles, viceministro de Autonomías, explicó que el gobierno departamental de Santa Cruz es autónomo desde febrero de 2009, cuando entró en vigencia la nueva Constitución, y que con el estatuto “ahora tiene una norma básica institucional como herramienta para perfeccionar y profundizar la autonomía”.  Siles señala que desde su viceministerio se apoya la puesta en vigencia de los estatutos y cartas orgánicas, pero que la esencia de la autonomía no cambia, sí su alcance y posibilidad de desarrollo. 

José Luis Santisteban, asambleísta departamental de Demócratas y abogado constitucionalista, cree que debe primar una lectura constitucional y jurídica del estatuto, antes que una lectura política. Para él, desde que el estatuto pasó por la revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional se transformó en una norma básica constitucional, lo que le otorga una seguridad jurídica y evita que el Gobierno legisle sobre potestades del departamento. Eso evitará, por ejemplo, que la repartición de las regalías sea cercenada sin un cambio de estatuto. 

Para Urenda, la prueba de que los estatutos son absolutamente prescindibles es que Pando y Tarija aprobaron antes el suyo y no ha cambiado en nada su administración. El abogado observa que pese a que la comisión que reformó el estatuto ya había quitado la mitad de las competencias del texto original, el Tribunal Constitucional le observó 62 artículos en la primera presentación, es decir, más del 40% del texto. Para Urenda, lo que se hizo fue adaptar la autonomía cruceña a la visión centralizadora del Gobierno. “Los referendos son irrevisables. Si estamos pidiendo respeto al 21-F, ¿con qué derecho se cambió la decisión asumida por el pueblo. 

Santisteban es más optimista. Asegura que a través de este instrumento se podrá evitar que se vuelvan a cercenar recursos departamentales para pagar competencias del nivel central, como la renta Dignidad o la exploración petrolera.