En realidad la restricción data de agosto de 2008 cuando el Presidente Evo Morales mediante la Ley 3925 eliminó el "financiamiento estatal a partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas en años electorales y no electorales" medida que permitía el apoyo estatal de manera equitativa dispuesto por el gobierno de Hugo Banzer. Al suspenderse tal entrega se dispuso que esos recursos sirvan al Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad a favor de los discapacitados, sector que se beneficia desde entonces con un soporte anual de 40 millones de bolivianos, provenientes del Tesoro General de la Nación y que antes se distribuían entre los partidos.

La última referencia sobre el particular señala que el TSE ha descartado el financiamiento directo a los partidos políticos y plantea un "modelo mixto" que combina el financiamiento privado con el "fortalecimiento público" que consiste en destinar recursos para "la formación y capacitación" de militantes en años no electorales. Para algunos jefes políticos, una absurda propuesta, que lo único que hace, es cerrar el uso de recursos del pueblo para los partidos que son parte del pueblo.

El vicepresidente del TSE que trabaja en la propuesta de una nueva Ley de Partidos Políticos, anticipó que dicho proyecto que elimina la "subvención a los partidos políticos", será entregada a la Asamblea Legislativa en el primer bimestre del año, una vez que se concluya su revisión técnica, eso significa que este mes de febrero comenzará el análisis de la norma en la instancia parlamentaria.

Está sobreentendido que la nueva ley de partidos ratifica el fin del financiamiento directo para los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, que justamente en el presente año electoral tendrán que poner en marcha iniciativas muy prácticas para la generación de fondos que costeen sus campañas electorales para hacer frente a la que realice el partido oficialista, del que se dice, utilizará recursos y los medios estatales y "paraestatales" para impulsar la candidatura oficial, según aseguran dirigentes de la oposición.

La alternativa propuesta por el TSE de un "modelo mixto" permitirá en años no electorales que los partidos "tengan mayor acceso a los medios de comunicación, espacios de fortalecimiento, formación y capacitación a través del Instituto para la Democracia Intercultural", esa propuesta es considerada como una burla, para unos, risible para otros y sólo es una forma de evadir la responsabilidad de distribuir y controlar los fondos estatales, de manera que nadie se beneficie más que otros, como sucede desde hace tiempo.

Para los analistas políticos, la nueva ley deberá contener normas muy precisas para evitar que en año electoral, un partido oficialista, sea cual fuese, pueda tener la ventaja de acceder a los medios oficiales y/o utilizar recursos del Estado en su beneficio directo. Si la próxima ley no regula esas posibilidades, se convertirá en otro instrumento de favoritismo y de clara contravención a la democracia.

Para algunos partidos y ciertos movimientos ciudadanos, la medida no es ninguna novedad que cambie el panorama que está vigente desde el 2008, con supresión de fondos a las organizaciones políticas, y sin ninguna restricción a un partido en función oficial. El remedio normativo tiene que ser producto del respeto del TSE a las leyes, la Constitución, en defensa de la democracia.