Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: jueves 14 de febrero de 2019
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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“En la norma hay dos caminos: una es la denuncia o queja y la otra es la consulta. Ellos activaron la denuncia, eso corre en trámite en la Comisión”, explicó el diputado.
Según Cárdenas, el caso que presentaron sectores de la oposición en contra del Estado boliviano en la CIDH ya tuvo su primera audiencia, que se llevó a cabo en diciembre del año pasado.
Esa petición la realizó el Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Nueva Democracia, representada por Rubén Darío Cuéllar y el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, en contra de la nueva postulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera en las elecciones de octubre.
El Estado boliviano estuvo representado por el canciller Diego Pary; el ministro de Justicia, Héctor Arce; el procurador general Pablo Menacho y el embajador de Bolivia en la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Alberto Gonzales.
“Activaron esa vía contra la repostulación porque estaría vulnerando un derecho. Entre las muchas denuncias es una de tantas que argumentan, y el trámite está corriendo, ahora para admitir o no tiene que pasar un promedio de ocho años, así pasó en el caso de Nicaragua”, sostuvo Cárdenas.
El legislador indicó que de darse la admisión, fruto de la investigación que se realice y le den razón a los denunciantes, recién la Corte Interamericana de Derechos Humanos iniciará un proceso a fondo que tardaría por lo menos unos tres años.
Peticiones
Políticos de la oposición, como el expresidente Carlos de Mesa, el senador Óscar Ortiz y los diputados Rafael Quispe y Wilson Santamaría, presentaron ante la CIDH, que celebra su 171 período de sesiones en la ciudad de Sucre, pedidos para que se pronuncie sobre la candidatura de Morales.
Al respecto, el diputado Cárdenas afirmó que esas solicitudes no corresponden porque ya se cumplió con los plazos que establece la misma Comisión, que son seis meses.
Dijo que la Sentencia Constitucional 084/2017 se publicó en noviembre de 2017 y ya pasó más de medio año.
“Eso quiere decir que no pueden formular otras denuncias al margen de las que existen y se encuentran en fase de trámite”, enfatizó.