Medio: El Diario
Fecha de la publicación: viernes 02 de febrero de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Acoso y violencia política
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“Los dirigentes allegados al concejal nos quitaron nuestras pertenencias y los familiares del agresor también estaban presentes, nos empezaron a jalonear y a patear, a una de las compañeras le arrancaron los cabellos. Existe evidencia de estas agresiones”, informó la concejal Sonia Alanoca, una de las tres víctimas de la exautoridad.
Las denunciantes indicaron que esta no es la primera vez que son agredidas por Laura, puesto que en anteriores sesiones, cuando Laura ejercía el cargo, también sufrieron violencia psicológica y verbal.
CONFLICTO
En la primera sesión del Concejo Municipal de este año se determinó suspender a Ascencio Laura, quien era presidente de esa instancia. En el segundo encuentro que se desarrolló el pasado miércoles, donde se iba a decidir quién estaría a cargo del
Concejo al comenzar con la lectura del acta de convocatoria, la autoridad suspendida, acompañado con los sectores que apoyan su gestión, irrumpió en las instalaciones del concejo municipal y empezó a agredir a sus colegas, además de arrebatarles sus pertenencias que tenían en las manos. En el video que fue captado por el resto de las autoridades presentes, se observa a Laura agrediendo a las tres concejales mujeres.
Lidia Quispe es la más afectada, porque tiene varias lesiones en el cuerpo: le arrancaron un mechón de cabello, incluso no puede caminar debido a las patadas que recibió, el examen médico forense determinó que tenga tres días de impedimento.
SUSPENSIÓN DE LAURA
El presidente del Concejo Municipal, Ascencio Laura, fue suspendido por diversas irregularidades en que incurrió en su gestión, pues no rindió cuentas de los recursos que se erogaron para esta instancia y usó los ambientes del municipio para el consumo de bebidas alcohólicas con algunos funcionarios.
“Todos esos actos fueron denunciados y analizados por el Concejo, llegando a la conclusión de que no podíamos tener este tipo de autoridades y decidimos suspender al presidente, además se determinó enviar una denuncia a la Comisión de Ética, para que se inicie un proceso en su contra”, explicó la concejal Rosa Condori.
El 29 de diciembre de 2017, Laura consumió bebidas alcohólicas con su secretaria en instalaciones del Consejo Municipal, ocasionando averías en el ambiente debido a una pelea por razones pasionales. Las concejalas encontraron todos los espacios completamente destrozados, sin que el presidente suspendido diera mayores explicaciones de lo sucedido.
CASOS
En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se registraron aproximadamente 350 denuncias por acoso y violencia política durante la gestión 2017. De las cuales el 50 por ciento llegó a una conciliación y un cuarto de estas derivaron al Ministerio Público, para que se inicien las investigaciones correspondientes, informó la diputada del MAS, Mireya Montaño.
Por otra parte, la Asociación de Concejalas de La Paz (Acolapaz) registró también 42 denuncias de esta índole en la gestión pasada. La mayor parte por violencia psicológica, las víctimas son concejalas de municipios del área rural.
“Lo lamentable es que en los últimos días se presentaron tres denuncias: en Batallas, Huarina y Sica Sica, la concejala de esta región fue agredida por su colega suplente. En el caso de Huarina las agresiones son por parte de los movimientos sociales que quieren que los suplentes asuman el cargo”, explicó Mónica Paye, presidenta de Acolapaz.
NORMA
Existe una norma contra estas acciones de violencia: la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, que fue promulgada el 28 de mayo de 2012, elaborada tras el deceso de Juana Quispe, concejala del municipio de Ancoraimes, de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, quien apareció muerta con signos de haber sido estrangulada.
Esta norma define como acoso político al acto de presión, persecución, hostigamiento o amenazas en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función política, sean pública y personales, o en contra de sus familias para acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes al cargo de la concejal que es víctima de estos actos.