Por todo ello, corresponde reiterar que la Democracia es un bien que reside, esencial y originalmente, en el pueblo; por tanto, la Democracia y sus valores requieren de la legalidad y la legitimidad en quienes conforman el gobierno, porque la legalidad y la legitimidad son imprescindibles para garantizar la vigencia y promoción del consenso, del disenso, del diálogo, para promover y proteger el pluralismo y la tolerancia; pero, sobre todo, para sentar las bases de la igualdad con libertad y justicia que dan lugar a la estabilidad, la seguridad y los principios de armonía y paz entre todos.

Vivir en Democracia implica, pues, lo que Clement Atlee dijo en un discurso el año 1945 en Londres, conceptos que fueron tomados en cuenta y conciencia por muchos países: “La participación democrática, tanto en una democracia directa como en una democracia representativa, exige que se cumplan tres principios fundamentales: el voto universal, la igualdad política y la regla de la mayoría. El voto universal estriba en que, al ejecutar su derecho al voto, todos están facultados para ser partes del proceso de la toma de decisiones; la igualdad política reside en que todos los votos, en el proceso político cuentan por igual bajo la máxima: una persona, un voto; y la regla de la mayoría fundamenta que la decisión del grupo debe reflejar las preferencias del mayor número de votos, ya que la democracia no sólo es el dominio de la mayoría, sino, también, el dominio de la mayoría que respeta los derechos de las minorías”.

La interpretación de la Democracia da lugar a que haya vivencia de ella en el pueblo porque ella implica vigencia de derechos que, en toda circunstancia, resultan superiores o mayores a los derechos de los gobernantes, especialmente si se parte del principio de que el pueblo es eterno y el gobierno es circunstancial porque depende de la decisión y voluntad del pueblo que elige a las autoridades para que administren el Estado. Los derechos de la colectividad son, pues, sagrados, intocables y permanentes que solamente son colapsados, ignorados o maltratados por regímenes político-partidistas defacto o ilegales conjuntamente cúpulas militares que haciendo uso de la fuerza asumen el poder aún sabiendo que su conducta es contraria a la Constitución y las leyes.

Cuando se habla del pueblo, es que se refiere al bien común que es el conjunto de condiciones morales y materiales necesarias en toda sociedad y en toda época para la realización del ser humano. Aristóteles definió al bien común como “la buena vida de la multitud” para referirse a que toda cúpula de poder debe estar dirigida a conseguir el bienestar del pueblo, que debe ser el principio y fin de toda acción política que permite la vigencia en el pueblo de derechos definidos como civiles, políticos y sociales. Es así como los derechos civiles se traducen en la libertad de pensamiento y expresión, de reunión. Los derechos políticos se cifran en ejercicio democrático representativo de los ciudadanos; los derechos sociales como salud, educación, trabajo, vivienda que son derechos sustantivos. Las libertades civiles dan al hombre la posibilidad de ser reconocido en su libertad personal; las libertades políticas le dan la oportunidad de elegir y ser elegido, representar y ser representado; los derechos sociales le permiten desarrollar su dignidad y perfeccionar su personalidad y sus valores con vocación de servicio.

Todo, pues, concuerda con lo conseguido el 21 de febrero de 2016 en que el pueblo decidió, por mayoría de votos, oponerse a cambios en la Constitución para conseguir una cuarta reelección de los actuales gobernantes. Es el pueblo que así lo decidió y el ejercicio democrático obliga a gobernantes y gobernados a respetar las decisiones del pueblo sin contradicción alguna y sin vulnerar los principios legales que rigen la vida de la nación. Y cuando se hace referencia al pueblo, forzosamente debe hacérselo a lo que debe tener primacía en su vida: vigencia de un sistema jurídico que debe regir la vida del país como son la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad revestida de caridad que es el reconocimiento pleno de los derechos humanos. El pueblo, como síntesis de sus derechos, exige que el gobierno esté a su servicio y no encima de él.

Por elemental respeto, corresponde, pues, acatar la voluntad del pueblo y no contradecir lo dispuesto por la Ley de Leyes. Por todo ello, cabe referirse al pensamiento hecho máxima del ex–Presidente de Estados Unidos, James Madison: “El propósito de la Constitución Política es, o debe ser, en primer lugar, promover como gobernantes a hombres que posean la mayor capacidad para discernir y la mayor virtud para perseguir el bien común de la sociedad; y en segundo lugar tomar las más efectivas precauciones para que se mantengan virtuosos mientras sigan siendo depositarios de la confianza pública”.