“Costó construir una democracia en este país que hasta hace pocas décadas se caracterizó por dictaduras, golpes de Estado, masacres y crímenes populares, esa democracia deben defenderla ellos mismos, respetando sus discrepancias, sabiendo debatir y discrepar en libertad y democracia”, afirmó el comisionado Francisco José Eguiguren, en un balance posterior a la audiencia, según reporte de la agencia ANF.

JORNADAS INTENSAS

En las dos últimas jornadas los comisionados escucharon en audiencia a un gran número de sectores de la sociedad civil boliviana, así como de las delegaciones de los países integrantes de la OEA que solicitaron audiencia.

Ayer, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la panameña, Esmeralda Arosemena afirmó que este organismo escuchó atentamente el clamor de los pueblos indígenas porque se respeten sus derechos.

La audiencia concedida a la sociedad civil permitió escuchar denuncias vinculadas a actividades extractivistas en territorios indígenas, campesinas y originarias y poner en conocimiento los megaproyectos gubernamentales en Áreas Protegidas (AP) sin consulta previa, libre e informada desde el Estado. También se puso en conocimiento las prácticas de división de organizaciones de base, así como la persecución política a los defensores de los derechos humanos y del medioambiente.

“Hemos escuchado el clamor de protección de derechos para los pueblos indígenas”, señaló Arosemena visiblemente conmovida con los testimonios de hombres y mujeres indígenas, campesinas y originarias que se hicieron presentes en el Centro de Convenciones de La Glorieta en Sucre para llevar sus casos ante la CIDH.

ESCUCHAN A BOLIVIA

Durante la conferencia de prensa tras la audiencia pública en la que participaron líderes indígenas y campesinos, representantes de plataformas ciudadanas defensoras del voto del referéndum del 21 de febrero de 2016 en contra de la repostulación de Evo Morales, a dirigentes del grupo de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (GLBT), así como a los grupos afines al Gobierno, se destacó la gran participación y niveles de tolerancia que hubo.

“No ha sido fácil para ellos, ni tampoco para nosotros, pero ojalá ese clima de debate de diferencias pero de respeto y paz prime para Bolivia y si la comisión ha ayudado para crear este espacio, hemos cumplido con el trabajo”, dijo Eguiguren.

Por su parte, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, señaló que lo más importante de la extensa audiencia fue escuchar testimonios de vida y clamores sobre derechos de diferentes sectores de la sociedad.

“Hemos escuchado también el clamor de protección de derechos para los pueblos indígenas, para las personas del GLBT, sobre protección de la mujer, una multiplicidad de temas que permitieron hacer el trabajo, escuchar a las partes, evaluar las informaciones y lo más importante medir la efectividad de los derechos en el continente”, señaló.

Ante el desafío que les lanzó el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, para indagar sobre la independencia de poderes de Bolivia para determinar la indefensión de la sociedad civil, la Presidenta de la CIDH dijo la información recibida permitirá continuar el trabajo.

“La información recibida nos permitirá evaluar esas posiciones, monitorear, pedir información si consideramos necesario y solicitar a las personas –les hemos pedido que cualquier información que consideren útil para evaluar los DDHH en el país bienvenido–, efectivamente todo nuestro trabajo está dirigido a determinar y evaluar, tenemos informes del país, monitoreos directos”, sostuvo.

A la sesión realizada en el Centro de Convenciones La Glorieta, la CIDH recibió durante el 171 periodo de sesiones, al menos 100 intervenciones, la gran mayoría referidas a denuncias de vulneración de derechos políticos vinculados al desconocimiento del referéndum del 21 de febrero de 2016 y la repostulación de Evo Morales; la violación de los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios así como la vulneración de derechos colectivos e individuales.

Lo que en un principio fue una audiencia ordenada de denuncias en contra del Estado por violaciones de derechos cometidas en contra de la sociedad civil con el transcurso de la sesión la audiencia se convirtió en un desfile de dirigentes del Movimiento al Socialismo y afines al Gobierno que destacaron los logros del denominado “proceso de cambio”. Incluso se atrevieron a decir que una minoría de la población rechazó la repostulación de Evo Morales.

Hubo acusaciones de uno y otro lado, tanto así que ni la la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, se salvó de ser atacada por afines al Gobierno que la señalaron de haber expulsado a las organizaciones fundadoras de la entidad sin fines de lucro. La histórica defensora de Derechos Humanos se acercó para darle la mano a su detractor.

VIOLACIONES A PUEBLOS INDÍGENAS

Se puso de manifiesto las denuncias por el ingreso de petroleras con el aval del Gobierno a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía sin haberse cumplido con la consulta previa, libre e informada.

También retomó fuerza la situación del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) a través de sus dirigentes indígenas que exigieron respuestas a sus denuncias planteadas ante la CIDH por la brutal represión de la VIII marca indígenas en contra del trazo carretero que pasa por el corazón del Área Protegida.

Las amenazas que sufren los territorios indígenas que se encuentran a la vez en áreas protegidas como el Parque Nacional Madidi por la intención del Gobierno de construir megarepresas también se hizo escuchar en la audiencia de la voz de Alex Villca, quien advirtió de los enormes impactos socioambientales de los proyectos hidroeléctricos Chepete Bala y Rositas.

También se hizo presente el exmagistrado , Gualberto Cusi quien denunció ante la CIDH que debido a la violación de sus derechos por el Gobierno que develó que padecía de una enfermedad termina dijo que no puede conseguir trabajo. “Estoy muerto en vida”, aseguró.

También el abogado Eduardo León se presentó en la audiencia y dijo que fue sometido a persecución y a torturas por haber sido el abogado de la expareja del presidente Evo Morales con quien ratificó, tuvo un hijo.

Desde la violación al derecho político por parte del Gobierno por desconocer el voto del 21F, hasta la violación de los derechos a los pueblos indígenas, delitos de odio, vulneración de derechos a las diversidades sexuales y otros fueron expuestos en larga audiencia.