Uno de los primeros en tener la oportunidad de reunirse con la CIDH fueron las plataformas que defienden el voto del 21-F. Luego de la controversia levantada con Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión, Eduardo Gutiérrez, de SOS Bolivia, vio a una comisión incómoda, que no pudo tratar los temas de Bolivia como le hubiese gustado, que estuvo “un poco presionada” y “demostrando sus fallas que no le permiten actuar a tiempo”. 
“No es un problema de los comisionados, sino de la voluntad de los países miembros de la OEA que no le permiten actuar como deben hacerlo”, dijo. Pese a ello, Gutiérrez destaca que mostraron apertura para conversar, pero dejaron en claro que no pueden dar las soluciones que se esperan quienes acuden a ella.

Óscar Ortiz también tuvo audiencia con Abrao para tratar el mismo tema: el respeto al voto del 21-F. Para el senador y candidato presidencial, la visita de la CIDH ha sido útil para que los comisionados “puedan observar directamente la confrontación y la conflictividad que está generando en la sociedad boliviana el desconocimiento del resultado del voto 21-F y la responsabilidad que ellos mismo tienen de evitar que Bolivia siga el camino de Venezuela y Nicaragua”.

No comparte esa misma visión Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que vio una visita de la comisión organizada y copada por el Gobierno. Para ella, se trató de un acto político en el cual las organizaciones del Gobierno aprovecharon para mostrar un país muy diferente al que ella conoce y que cerró los espacios a los que querían manifestarse. “Los activistas han salido diciendo aquí no tenemos nada que hacer, han venido a ver la maravilla que es Evo”, se queja Carvajal.
La activista se siente decepcionada y cree que la comisión ha quemado parte de su credibilidad. Cuenta que cuando hay casos de violaciones a los derechos humanos que no eran atendidos, siempre quedaba la esperanza de acudir a la comisión, pero ahora se ha verificado que su funcionamiento es muy lento y que ha venido a Bolivia para tratar la crisis venezolana en un contexto con mucho funcionario masista. De todas formas, dice que se aprovechó los espacios para hablar de la detención del dirigente cocalero Franclin Gutiérrez y de los problemas de libertad de expresión.

Álex Bernabé, de la Fundación Igualdad, consideró muy positiva la presencia de la comisión para la comunidad LGBTI. “Se recurre a estos espacios para poder activar el bloque de derechos humanos, que están al mismo rango de la constitución, y que deberán ser tomados en cuenta en Bolivia”, dijo. Esperan que Bolivia ratifique la convención interamericana contra toda forma de discriminación, de la cual es signatario, así como apruebe varias leyes a favor del colectivo, para juzgar, por ejemplo, los crímenes de odio o permitir que una pareja LGTBI pueda tener los mismos derechos que las heterosexuales.

Hoy será el último día de sesiones de la comisión y la presidenta, Esmeralda Arosemena, reiteró ayer su agradecimiento por la cobertura y la participación de la gente. 
“Las reuniones con la sociedad civil del continente y boliviana fueron productivas”, dijo.