La audiencia concedida a la sociedad civil permitió escuchar denuncias vinculadas a actividades extractivistas en territorios indígenas, campesinas y originarias y poner en conocimiento los megaproyectos gubernamentales en Áreas Protegidas (AP) sin consulta previa, libre e informada desde el Estado. También se puso en conocimiento las prácticas de división de organizaciones de base, así como la persecución política a los defensores de los derechos humanos y del medioambiente. 

“Hemos escuchado el clamor de protección de derechos para los pueblos indígenas”, señaló Arosemena visiblemente conmovida con los testimonios de hombres y mujeres indígenas, campesinas y originarias que se hicieron presentes en el Centro de Convenciones de La Glorieta en Sucre para llevar sus casos ante la CIDH.

La  máxima autoridad de la CIDH dijo que la información recibida permitirá evaluar posiciones, monitorear, y pedir información al Estado, si es que consideran necesario, además de solicitar información a las personas de la sociedad civil que consideren útil para evaluar el respeto a los derechos humanos.