Durante una reunión realizada en esta ciudad, sede del 171 Periodo de Sesiones de la CIDH, los representantes de los principales medios impresos y una agencia de noticias de Bolivia explicaron el impacto de las políticas gubernamentales en las frágiles finanzas de medios y el alto riesgo de cierre por la sistemática presión ejercida desde 2010.

 Los medios de información bolivianos, a diferencia de otros sectores, “reciben un castigo a través de 13 leyes y decretos que despojan de ingresos por la difusión de campañas gubernamentales sin pago por el servicio”. La medida contraviene el parágrafo III del artículo 46 de la Constitución Política del Estado (CPE) que “prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución”.  Según la ANP, desde 2010 se promulgaron leyes y decretos que arrebatan de entre 30 y 40 por ciento de ingresos por publicidad.  

Lanza escuchó los testimonios de directores de medios impresos sobre la exclusión de los diarios privados de la publicidad estatal que, sumada a la difusión de avisos gratuitos, representa un golpe de doble impacto a las finanzas de diarios, radios y canales de televisión.

Además, la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) obliga a ceder de forma gratuita y obligatoria espacios y tiempos de difusión en igual proporción a la que contrate el Órgano Electoral Plurinacional.