“El debate está de vuelta”, dijo la directora de la Fundación para el Debido Proceso, Katya Salazar, en el discurso que abrió el conversatorio, refiriéndose a los últimos casos registrados en la región –Bolivia, entre ellos–, que han puesto en entredicho la salud de la democracia.

Según las intervenciones, la falta de poderes independientes y la “manipulación” de las cortes constitucionales, entre otros, facilitaron el fenómeno de la reelección en los países donde logró imponerse.

Uno de los primeros casos se registró en Costa Rica, donde la Sala Constitucional “reformó” la constitución de ese país en 2003. Lo hizo, entre otras cosas, apelando al concepto de “los límites implícitos al poder constituyente”, entre los que se encontraban la limitación de los derechos humanos, según Marvin Carvajal, profesor de derecho constitucional, uno de los panelistas.

No pasó lo mismo en Colombia, donde el ex presidente Álvaro Uribe intentó buscar un tercer mandato consecutivo. La Corte Constitucional de ese país no lo permitió. Rechazó una ley del Congreso, que llamaba a referéndum para reformar la Constitución. De hecho, en Colombia se aprobó la prohibición absoluta de la reelección presidencial, según explicó Julio César Ortiz, ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de ese país. “En Colombia hay relativa independencia de poderes”, dijo.

Nicaragua corrió con la misma suerte de Costa Rica. Daniel Ortega, actual presidente de ese país, promovió un recurso que la Corte Constitucional de ese país terminó avalando.

Honduras también pasó por lo mismo. Y es similar al caso boliviano. La sala constitucional de ese país hizo un control de convencionalidad de la constitución y permitió la reelección, recordó Joaquín Mejía, investigador de ese país. Se apoyó en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como en Bolivia.

En Perú, se reformó la constitución y se estableció que “el mandato presidencial es de cinco años y que no hay reelección inmediata”, contó David Lovaton, profesor de derechos constitucionales de ese país.

El caso boliviano fue expuesto por José Antonio Rivera, ex magistrado del actual Tribunal Constitucional Plurinacional. Indicó que hubo “quebrantamiento constitucional”, luego de que el MAS presentara un recurso de inconstitucionalidad. “El TCP emitió una sentencia con un fraude, con una interpretación amañada, sesgada. (…) Lo que hizo el TCP es desconocer las limitaciones de sus competencias y, algo más grave, desconocer la voluntad del poder constituyente. Terminó mutando la Constitución”, explicó.

El conversatorio, denominado “La reelección presidencial en América Latina: estándares internacionales sobre el derecho humano a ser (re)elegido”, fue organizado por la Fundación para el Debido Proceso, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia y el ICACH.