Las opiniones de los panelistas de los tres países se vertieron ayer en el conversatorio “Situación de los derechos civiles y políticos en la región. Los casos de Bolivia, Nicaragua y Venezuela”, en el salón auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH).

NICARAGUA

Juan Pappier, abogado de la división de las américas de Human Rights Watch; Ivan Pilip, miembro del Consejo Directivo del Instituto Casla; y Amaru Ruiz, presidente de fundación del Río; los encargados de abordar la situación de Nicaragua, ponderaron la admisión de la denuncia en contra del presidente Daniel Ortega por presentarse como candidato presidencial violando disposiciones constitucionales.

El informe de esta entidad, que se emitió ante las protestas en las calles, según indicaron, fue catalogado como contundente y que marcará un “antes y después” en América Latina, por lo que llamaron a la región a reaccionar, “pero reaccionar a tiempo para evitar “crímenes de lesa humanidad” como sucede en el país centroamericano.

La recomendación fue en clara alusión a Bolivia, pues uno de los expositores recalcó que ambos presidentes que ahora gobiernan en los tres países en cuestión ganaron inicialmente “elecciones libres” para después “empezar ataques a las instituciones”.

VENEZUELA

Por el país llanero expusieron Francisco Quintana, director del Programa para la Región andina, norteamericana y el Caribe; Génesis Dávila, representante de “Defiende Venezuela” y “Un Mundo sin Mordaza”; y Laura Louza, directora de organización “Acceso a la Justicia”.

Resaltaron que los problemas por los que atraviesan pasaron de la agenda regional a esferas internacionales como las Naciones Unidas, entre otros;  además surgieron pronunciamientos de una veintena de estados en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

En ese sentido, recomendaron continuar con las denuncias. “Es importante que lleven este trabajo de denuncia, porque precisamente eso es lo que permitió que organismos (internacionales) pudieran basarse en un antecedente histórico”, señaló Quintana, quien destacó el involucramiento de la comunidad internacional en los casos de Venezuela y Nicaragua, lo cual Bolivia aún no alcanzó.  

BOLIVIA

“La situación de Bolivia no es la situación de Venezuela ni de Nicaragua, pero claramente los síntomas que hoy estamos viviendo son síntomas que también estos países hermanos los sufrieron hace cinco o diez años atrás (…) Si bien no vivimos crímenes, los sistemas que tenemos deben mostrar al mundo que esto no debe seguir y la comunidad internacional debe evitar”, fue el llamado de Ramiro Orías, oficial de la Fundación para el Debido Proceso, que representó la realidad boliviana junto con Jhanisse Daza, activista boliviana y miembro del colectivo Ríos de Pie, y Toribia Lero, copresidenta de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas.

Con relación a la situación de Venezuela y Nicaragua, Daza señaló que si bien son “países muy distintos”, espera que las entidades internacionales que velan por los derechos humanos se pronuncien “a tiempo”. “Esta es su oportunidad de hacerlo bien”, añadió.