Durante una reunión realizada en la sede del 171 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de los principales medios impresos y una agencia de noticias de Bolivia explicaron el impacto de las políticas gubernamentales en las frágiles finanzas de medios y el alto riesgo de cierre por la sistemática presión ejercida desde 2010.

Los medios de información bolivianos, a diferencia de otros sectores, reciben un castigo a través de 13 leyes y decretos que despojan de ingresos por la difusión de campañas gubernamentales sin pago por el servicio.

La medida contraviene el parágrafo III del artículo 46 de la Constitución Política del Estado (CPE) que “prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución”.

Según la ANP, desde 2010 se promulgaron leyes y decretos que arrebatan de entre 30 y 40 por ciento de ingresos por concepto de publicidad. Las pérdidas también afectan a cientos de radioemisoras y canales de televisión privados.

Del conjunto de leyes que confiscan recursos a los medios, la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) obliga a ceder de forma gratuita y obligatoria espacios y tiempos de difusión a diarios, radios y canales de televisión en igual proporción a la que contrate el Órgano Electoral Plurinacional. La medida rige para todos los procesos eleccionarios.

Lanza escuchó los testimonios de directores de medios impresos sobre la exclusión de los diarios privados de la publicidad estatal que sumada a la difusión de avisos gratuitos, representa un golpe de doble impacto a las finanzas de diarios, radios y canales de televisión.