“Las comunidades de Tariquía se sostienen principalmente de la agricultura, por lo que los sistemas de riego y el ecosistema del lugar son de vital importancia para la sobrevivencia de sus comunarios. Si permitimos el ingreso de las petroleras, esto podría causar daños irreparables, además de vulnerar los derechos de sus habitantes”, explicó Lema.

En los últimos dos años se realizaron una serie de manifestaciones en contra de las normativas que posibilitaron los permisos ambientales, la inexistencia de la consulta previa a las comunidades del área protegida y del ingreso para las exploraciones de hidrocarburos. Ante la conmoción social, el Gobierno nacional aparenta no prestar atención.
Sin embargo, la lucha de los pobladores continúa y se están terminando los argumentos para presentar una demanda ante la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tiene como antecedente el rechazo a un Recurso de Inconstitucionalidad a las cuatro leyes que avalaron el ingreso al área protegida por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Creemos firmemente que las políticas gubernamentales deben garantizar el bienestar de los bolivianos y bolivianas por sobre todas las cosas, y es realmente indignante que no se tome en cuenta la voluntad de todas las comunidades de Tariquía al momento de realizar la consulta”, sostuvo.

La estrategia de la campaña electoral de Lema tiene como base fundamental la defensa de los derechos de los pobladores de zonas que se encuentran en peligro y vulneración al medio ambiente.