Durante una reunión realizada en la ciudad de Sucre, sede del 171 Periodo de Sesiones de la CIDH, los representantes de los principales medios impresos y una agencia de noticias explicaron el impacto de las políticas gubernamentales en las frágiles finanzas de los medios y el alto riesgo de cierre que enfrentan por la sistemática presión ejercida desde 2010.

Los medios, a diferencia de otros sectores, reciben un castigo a través de 13 leyes y decretos que los obligan a difundir campañas gubernamentales sin recibir ningún pago por el servicio, recuerda la ANP en una nota de prensa.

La medida contraviene el parágrafo III del artículo 46 de la Constitución Política del Estado, que “prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución”.

Según la ANP, desde 2010 se promulgaron leyes y decretos que arrebatan de entre 30% y 40% de ingresos por concepto de publicidad. Las pérdidas también afectan a cientos de radioemisoras y canales de televisión privados.

La Ley de Organizaciones Políticas también obliga a ceder de forma gratuita y obligatoria espacios y tiempos de difusión a diarios, radios y canales de televisión en igual proporción a la que contrate el Órgano Electoral Plurinacional. La medida rige para todos los procesos eleccionarios, cita otro párrafo de la nota de prensa.