Durante una reunión realizada en la ciudad de Sucre, sede del 171 Periodo de Sesiones de la CIDH, los representantes de los principales medios impresos y una agencia de noticias explicaron el impacto de las políticas gubernamentales en las frágiles finanzas de los medios y el alto riesgo de cierre que enfrentan por la sistemática presión ejercida desde 2010.

Los medios de información, a diferencia de otros sectores, reciben un castigo a través de 13 leyes y decretos que los obliga a difundir campañas gubernamentales sin recibir ningún pago por el servicio, recuerda la ANP en una nota de prensa.

Según la ANP, desde 2010 se promulgaron leyes y decretos que arrebatan de entre 30 y 40 por ciento de ingresos por concepto de publicidad. Las pérdidas también afectan a cientos de radioemisoras y canales de TV privados.

Del conjunto de leyes que “confiscan” recursos a los medios, la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) también obliga a ceder de forma gratuita y obligatoria espacios y tiempos de difusión a diarios, radios y canales de televisión en igual proporción a la que contrate el Órgano Electoral Plurinacional.