Entre ellos, resaltan el Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Qollasuyyo (Conamaq) “orgánico” —es decir, no afín al MAS—, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), colectivos ciudadanos, organizaciones políticas, víctimas de la violencia, colectivos de mujeres, víctimas de retardación de justicia, perseguidos políticos, entre otros, además de organizaciones como la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y activistas en defensa del medio ambiente.

También asistieron grupos afines al Gobierno, que hablaron de la situación democrática del país y respaldaron la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, al concluir la sesión, calificó de positivo el encuentro y dijo que se logró escuchar alrededor de 100 intervenciones, pero que no se tomarán como denuncias, sino como elementos que les permitirán evaluar la situación del país.

Según el Jiliri Apu Mallku, Cristóbal Huanca, que llegó hasta Sucre junto a una delegación del Conamaq y Cidob, las vulneraciones que se denunciaron ante la CIDH fueron por la política de división de las organizaciones indígenas originarias que ha emprendido el MAS desde 2013; la falta de consulta previa en proyectos del Estado en sus territorios, sobre todo referidos a la minería; la invasión del Estado sobre tierras originarias; la persecución de líderes indígenas que no son afines al oficialismo y también las vulneraciones a la Constitución Política del Estado (CPE), como el no respeto al resultado del referendo del 21F.

Por su parte, el dirigente de la comunidad indígena Hernán Roque, del Consejo de Justicia Indígena originario del ayllu Acre Antequera, en Oruro, presentó una denuncia porque “fuimos avasallados en nuestros derechos colectivos por las empresas mineras. Están depredando la zona y contaminando el agua. El Estado no escucha y estamos siendo ignorados”.

Por su parte, el dirigente Adolfo Chávez, quien llegó al país desde su exilio para presentar una denuncia por persecución y vulneración de derechos, dijo que la Cidob presentó una carta detallando sus denuncias.

Asimismo, al menos siete colectivos ciudadanos y personalidades presentaron más pruebas sobre la violación de los derechos políticos de los bolivianos que votaron por el No en el referendo del 21F. Carlos Mesa, en una carta, solicitó que la CIDH de manera urgente resuelva la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para que se defina si la reelección es un derecho humano o no. Aseguró que el caso de Evo Morales es más grave que el de su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, porque en Bolivia hubo un referendo que le prohibió repostular.

En tanto, la alianza Bolivia Dijo No dejó una gran cantidad de documentos y las firmas de respaldo solicitando un pronunciamiento de la CIDH o una petición de consulta.

Ante la insistencia, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, publicó un tuit señalando que “explicamos que la CIDH sigue evaluando la propuesta de Opinión Consultiva”.

180 personas en la audiencia. Al menos 180 personas participaron en la primera audiencia pública de la CIDH en Sucre, que se extenderá hasta mañana.

LLEGAN GRUPOS DE VARIOS PAÍSES

Hasta la capital del Estado llegaron al menos cinco comisiones de diferentes países para presentar denuncias contra sus Estados por la vulneración de derechos humanos.

Los casos de Venezuela y Nicaragua son los más llamativos, ya que son los que más vulneraciones de derechos tienen este año. Sin embargo, también llegaron delegaciones de Brasil, Ecuador, Chile, Argentina, Guatemala, entre otros, para presentar documentación contra sus Gobiernos o vulneraciones particulares, agresiones, medidas cautelares y otras.

MAS CONVIRTIÓ SESIÓN PÚBLICA EN PULSETA

REDACCIÓN CENTRAL

Unos 50 dirigentes de las “bartolinas” y del Consejo Nacional Por el Cambio (Conalcam), además de la Confederación de Médicos afín al Gobierno, intervinieron en la sesión pública de la CIDH, anoche en Sucre, para respaldar al Gobierno, lo que fue observado por colectivos que aseguraron que se dio más espacio a sectores afines al MAS que a los opositores.

Sin embargo, más fueron las voces que protestaron contra las vulneraciones que comete el oficialismo, informó el activista Miguel Miranda en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, advirtió que no van a permitir que ningún organismo internacional intervenga en las decisiones de las instituciones del país sobre la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera. En la misma línea el ministro de Justicia, Héctor Arce, aseveró que la CIDH no tratará la repostulación.