Medio: El Día
Fecha de la publicación: miércoles 13 de febrero de 2019
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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El Directorio de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) informó este miércoles al relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, sobre la asfixia financiera que sufren varios medios de comunicación en Bolivia debido a medidas asumidas por el gobierno de Evo Morales.
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Durante una reunión realizada en la ciudad de Sucre, sede del 171 Periodo de Sesiones de la CIDH, los representantes de los principales medios impresos y una agencia de noticias explicaron el impacto de las políticas gubernamentales en las frágiles finanzas de los medios y el alto riesgo de cierre que enfrentan por la sistemática presión ejercida desde 2010.
Los medios de información, a diferencia de otros sectores, reciben un castigo a través de 13 leyes y decretos que los obliga a difundir campañas gubernamentales sin recibir ningún pago por el servicio, recuerda la ANP en una nota de prensa.
La medida contraviene el parágrafo III del artículo 46 de la Constitución Política del Estado (CPE) que “prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución”.
Según la ANP, desde 2010 se promulgaron leyes y decretos que arrebatan de entre 30 y 40 por ciento de ingresos por concepto de publicidad. Las pérdidas también afectan a cientos de radioemisoras y canales de televisión privados.
Del conjunto de leyes que “confiscan” recursos a los medios, la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) también obliga a ceder de forma gratuita y obligatoria espacios y tiempos de difusión a diarios, radios y canales de televisión en igual proporción a la que contrate el Órgano Electoral Plurinacional. La medida rige para todos los procesos eleccionarios, cita otro párrafo de la nota.
Lanza escuchó los testimonios de directores de medios impresos sobre la exclusión de los diarios privados de la publicidad estatal que, sumada a la difusión de avisos gratuitos, representa un golpe de doble impacto a las finanzas de diarios, radios y canales de televisión.
La ANP es la única organización que denuncia la asfixia financiera y alerta que este marco jurídico, la persecución tributaria y la exclusión de la publicidad estatal amenaza a la estabilidad laboral de los trabajadores de la prensa y de las propias empresas periodísticas por la sustancial reducción de ingresos.
