Medio: El Deber
Fecha de la publicación: miércoles 13 de febrero de 2019
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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Paulo Abrão recibió más de 700 folios de parte del senador Óscar Ortiz, que presentó los documentos como prueba de lo que calificó como un "deterioro en la democracia boliviana".
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Los documentos giran en torno a la defensa del 21F, una denuncia de persecución política que realiza el MAS y corrupción.
El también candidato presidencial por la Alianza Bolivia dice No, exigió aplicar el procedimiento per saltum a la petición N° 2157-17 presentada contra el Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para acelerar el tratamiento del recurso contra la repostulación de Evo Morales y apresurar la aplicación de medidas que garanticen el respeto a los resultados del referéndum del 21F.
La petición demanda específicamente al organismo aplicar el tratamiento per saltum, que es un instrumento legal que permite llevar un caso de alta gravedad directamente a las máximas instancias procesales, saltando etapas y evitando trámites en instancias intermedias.
Reunido la noche del martes en Sucre con Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la CIDH, y acompañado por el senador y candidato a vicepresidente Edwin Rodríguez y el Vladimir Peña, dirigente del partido Demócratas, Ortiz presentó documentos que revelarían la supuesta injerencia del MAS en el Tribunal Supremo Electoral y la crisis en el organismo, como la renuncia de vocales y el despido de funcionarios técnicos.
“Anoche, en la reunión con representante de la CIDH, presentamos un informe con 700 folios de pruebas sobre la defensa del 21F, demostrando la persecución política que existe a quienes piensan diferente al Gobierno en el país y también mostrando cómo se manipula la justicia, para dar impunidad a los responsables de los casos de corrupción que afectan a altas autoridades de Gobierno y del MAS”, expresó.
El representante nacional argumentó que la vulneración de los derechos políticos de más de dos millones de bolivianos, por parte del actual Gobierno, por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre otros organismos, está acrecentando las protestas de los ciudadanos que rechazaron con su voto la reelección indefinida del actual mandatario.
Ortiz también expuso que las elecciones primarias fueron llevadas a cabo con la única finalidad de intentar legitimar la habilitación del binomio masista Evo Morales – Álvaro García, pero que el mismo proceso fue deslegitimado primero por los registros de personas sin su conocimiento en algunos partidos políticos y, segundo, por la escasa participación ciudadana en el acto de sufragio, lo que fue constatado por la misión de veedores electorales de la OEA.
El recurso
La petición del procedimiento per saltum presentada por el candidato opositor fue sustentada en aplicación al Reglamento de la CIDH, en su artículo 29, incisos a y d, que establecen que “la petición será estudiada en su orden de entrada; no obstante, la Comisión podrá adelantar la evaluación de una petición en supuestos como: cuando el transcurso del tiempo prive a la petición de su efecto útil, y cuando la decisión pueda tener el efecto de remediar situaciones estructurales graves que tengan un impacto en el goce de los derechos humanos”.
