"El sistema interamericano concebido con tiempos tan laxos, con escasas posibilidades de obligar a los Estados, no es la herramienta más eficiente, pero también demuestra que los Estados no tiene voluntad política y no tienen interés de proteger derechos", afirmó a ANF, en momentos que en la CIDH sesiona en el Centro de Convenciones de La Glorieta en Sucre.

La experta colombiana que llegó a la ciudad de Sucre, para exponer en el seminario internacional: "Las obligaciones internacionales de Bolivia de garantizar los derechos de las personas defensoras y los pueblos indígenas", calificó de "perverso" al Gobierno de Evo Morales, por valerse de un discurso progresista y protector de la Madre Tierra, para luego violar los derechos de manera consciente.

"Los comienzos de estos gobiernos de Evo y (Rafael) Correa en Ecuador, fueron gobiernos esperanzadores; se construyeron sobre discursos acercamiento y de la escucha del otro, y cuando ese gobierno logró cooptar al otro, cuando todas esas organizaciones sociales que antes hacían militancia terminaron volviéndose afines al Gobierno y ese Gobierno se quedó sin contrarios, ese Gobierno abusó del poder", afirmó.

Dijo que el Gobierno de Evo siguió con el discurso, pero cambió en la práctica abusiva que permite legitimarse y perpetuarse. "Y eso es perverso, porque a ese gobierno contrario y la movilización social está latente, vigente y activa".

Sin embargo observó que cuando llega un Gobierno al poder con un discurso progresista y de derechos, la sociedad antes movilizada baja la guardia y asumes que ese Gobierno cumplirá sus compromisos.

"Pero después ese Gobierno de manera consciente y voluntaria, luego impone otras dinámicas, persigue, criminaliza y divide, es un Gobierno que de manera abierta y de manera consciente viola derechos, y creo que eso ocurre aquí y en varios países de la región", aseveró.

Señaló que a nivel de la región y en Bolivia se ha profundizado el modelo de desarrollo depredador, donde se evidencia que en la mayoría de los territorios indígenas se imponen megaproyectos extractivos petroleros, mineros, hidroeléctricas y monocultivos que generan terribles procesos de violencia de exclusión y desplazamiento de comunidades que son gran parte del insumo para la asimilación forzada.

"Hay unan supremacía del derecho corporativo sobre el derecho internacional en materia de Derechos Humanos (…). A pesar que todos nuestros Estados hicieron reconocimientos públicos de cumplimiento y respeto del marco interamericano de derechos humanos, en la práctica se imponen derechos corporativos con normas y leyes", sostuvo.

A pesar de las obligaciones vinculantes del Estado en materia de derechos indígenas, la experta lamentó que persisten ejercicios de criminalización, del ejercicio de la defensa de derechos humanos.

Citó que en la última década y en ausencia de estadísticas de los propios Estados, estudios de organizaciones especializadas como Amnistía Internacional dan cuenta del incremento en 23% en la criminalización de los dirigentes y líderes campesinos, indígenas y afrodescendientes vinculados exclusivamente a temas ambientales.

La organización Amazon Frontlines está conformada por un grupo internacional de abogados de derechos humanos, activistas medioambientales, especialistas en silvicultura, científicos de salud ambiental, cineastas, periodistas, antropólogos y agricultores, que viven y trabajan en el Amazonas occidental. 

El seminario internacional fue organizado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Universidad Católica Boliviana UCB-San Pablo, el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejis), Amazon Frontlines, el Colegio de Abogados de Chuquisaca y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas.