Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: miércoles 13 de febrero de 2019
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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Una vez más, como tiende a hacerse habitual en la vida política nacional, el pasado fin de semana ha vuelto a encenderse una señal de alarma sobre la salud del sistema electoral de nuestro país. Nos referimos a la naturalidad con que un grupo de dirigentes universitarios tuvo la audacia de impedir el ingreso de Carlos D. Mesa, candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, a los predios de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí. Bueno sería que ante casos como éste, el TSE no eluda su obligación de hacer prevalecer su autoridad.
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Visto aisladamente, el hecho podría ser soslayado con la suposición de que no debería dársele más atención que la que merecen los desmanes causados por jóvenes díscolos, malentretenidos y deseosos de poner a prueba la paciencia de sus mayores. Y aunque algo de eso debe haber en el caso que comentamos, es también evidente que esa agresividad juvenil tiene un trasfondo más serio, que no debe ser minimizado.
El primer dato que se debe tomar en cuenta es que no fueron unos pocos jovenzuelos desaforados, sino los principales dirigentes de la Federación Universitaria Local de Potosí los protagonistas del hecho. Fueron ellos quienes, se dieron a la tarea de cerrar con candados las puertas del edificio universitario. Lo hicieron franca y abiertamente con la consigna de evitar el ingreso del candidato de Comunidad Ciudadana. Lo hicieron, según sus propias palabras, para “evitar la politización de la universidad”.
No es difícil imaginar cuánta vergüenza e indignación causaría semejante afirmación entre quienes en décadas pasadas antecedieron a esos jovenzuelos en la dirigencia estudiantil universitaria, cuando sólo los más cavernarios agentes represivos de las dictaduras militares se hubieran atrevido a proclamar con orgullo su misión de despolitizar la universidad.
El asunto es más grave aún si se considera que esas manifestaciones de intolerancia y agresividad no son síntomas de la inadaptación social de unos cuantos individuos sino, todo lo contrario, la más fiel expresión de un modelo de conducta que se fomenta y cultiva desde los más altos niveles jerárquicos del gobierno actual.
En efecto, esos jóvenes potosinos no hicieron nada más que replicar la misma fórmula que, a través de los “movimientos sociales”, se aplica con creciente frecuencia e impunidad en gran parte del territorio nacional para coartar la libertad de acción política de quienes no se alinean tras el proyecto político del MAS.
Con esos antecedentes, bueno sería que al tema se le dé la importancia que merece. Y que ante casos como éste, el TSE no eluda su obligación de hacer prevalecer su autoridad.
