“Vamos a seguir haciendo uso de todos los medios de impugnación enmarcados en la presunción de inocencia para que mi patrocinado se defienda  en libertad”,  señaló el abogado del concejal Osinaga (MAS), César Salinas.

En la audiencia de apelación, que duró más de dos horas,  la defensa de ambas autoridades  solicitó medidas sustitutivas  con el argumento que sus clientes lograron acreditar domicilio, trabajo y familia.

Sin embargo, el Ministerio Público consideró que los riesgos procesales persisten porque los testigos y participantes de los presuntos hechos delictivos, Jesús S., y  Gerson E., fueron amenazados por los acusados antes de las detenciones.

El fiscal Ricardo Arellano señaló que otro aspecto que obstruiría la investigación es la facilidad que tendrían los acusados para salir del país.

Con la finalidad  de demostrar este elemento, la Fiscalía presentó una certificación de flujo migratorio en que existe constancia que los imputados viajaron en los últimos meses a Brasil y Argentina.

Por otro lado, el representante del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga, manifestó que el exsecretario general, Grover Corrales, continúa prófugo. “Si no se lo puede aprehender al señor, el Ministerio Público va tramitar su rebeldía”, sostuvo.

Corrales es considerado pieza clave en la investigación de extorsión a empresarios para la adjudicación de obras, porque su voz se escucha en seis audios.

Denuncias

Decenas de vecinos del cerro de Cota denunciaron ayer ante el Concejo Municipalde Quillacollo, con fotografías, audios y documentos, la posible existencia de un consorcio de loteadores con nexos en el municipio.

“Hemos venido a solicitar al órgano deliberante que investigue a los concejales y funcionarios que han favorecido a  la familia Mercado Muriel. Tenemos fotografías de varias autoridades municipales, exmagistrados bebiendo y realizando parrilladas con las tres personas que  han estafado a más de 500 personas”, indicó un representante del sector, Rodolfo Mamani.

Afirmó que no se expuso las imágenes porque fue una condición para que el Concejo los reciba.

Comentó que hace más de un año los vecinos de la OTB Venancio Mercado presuntamente les pagaron 100 mil dólares a los exmagistrados del Tribunal Agroambiental, Ricardo Soto y Paty Paucara, para que anulen los títulos de Gualberto Mercado Olmos. El 3 de febrero se procedió a la demolición de 46 casas “ilegales”.

JUICIO ORAL DE MÉRIDA SE POSTERGA

Los jueces del  Tribunal de Sentencia Penal No 1 de Quillacollo suspendieron para el 20 de febrero el juicio oral contra el alcalde suspendido Eduardo Mérida por presunto despido injustificado de cinco trabajadores que gozaban de fuero sindical y eran padres.

La razón de la reprogramación fue que la abogada de la autoridad edil no asistió a la audiencia.

“Me han mandado a la cárcel por política y revanchismo, porque desenmascaré a Jayta y Osinaga con el caso audios de corrupción”, dijo.  En tanto, la audiencia de medidas cautelares contra su esposa Jovanna Maldonado también se realizará el próximo 20 de febrero.