“Este plan se inicia en los cuatro países donde se encuentra la mayor cantidad de bolivianos, según datos que se recogieron en procesos de empadronamiento masivo y de acuerdo al INE, tal como establece la Ley 1066”, explicó la presidenta del TSE, María Eugenia Choque.

Sin embargo, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) cuestionó que se restrinja el derecho de participar a cada ciudadano, “no es admisible que este empadronamiento permanente sólo se aplique en países donde el Gobierno considera un voto favorable y dejar a otros que expresan su desacuerdo como lo hicieron en el referendo del 21 de febrero de 2016. Si fuera este el caso, ¿estaríamos ante el inicio de un fraude electoral?”.

El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 3781, mediante el que autoriza el desembolso de 7,1 millones de bolivianos para realizar este empadronamiento permanente.

El TSE envió cinco comisiones a esos cuatro países que están compuestas por una veintena de servidores públicos.

Dos equipos cubrirán las ciudades argentinas de La Matanza y Buenos Aires, y Mendoza y Jujuy; uno, Antofagasta, Iquique y Calama, en Chile; otro Sao Paulo en Brasil, y otro Madrid, Barcelona y Bilbao, en España.

Según datos proporcionados por el Servicio de Registro Cívico (Serecí), en estos cuatro países se concentra el 76 por ciento (221.962) de 246.605 ciudadanos bolivianos empadronados hasta 2015.