En Bolivia, nada se ha castigado con mayor fuerza que los intentos por cambiar esa historia. Santa Cruz ha sido el más azotado por exigir federalismo, descentralización o autonomía, que no son otra cosa que formas de profundizar la democracia. Ha sido objeto de invasiones armadas, asesinatos, persecución, cercos y otras formas de hostilidad del andinocentrismo que monopoliza el poder y controla casi el 90 por ciento de los recursos del país. 

Desde que el MAS asumió la conducción en el 2006 con un proyecto socialista que prometía un rotundo fracaso, porque significaba mayor concentración del poder en pocas manos, la autonomía se erigió como la alternativa política más importante que haya surgido en el país, no solo frente al denominado “proceso de cambio”, sino respecto de una larga trayectoria de fracasos en el intento por estructurar un país viable y competitivo, condenado precisamente por el caudillismo recalcitrante que impera en todos los niveles.

La autonomía ha sido la única amenaza real que tuvo el régimen y por eso mismo fabricó el montaje más grande de terrorismo de estado que se haya ejecutado en los últimos tiempos, que terminó descabezando y aniquilando el proceso autonómico, cuyos únicos exponentes que no están presos ni exiliados, han tenido que arrodillarse y jurar lealtad al centralismo.

La mejor prueba de esa genuflexión es el estatuto autonómico de Santa Cruz, absolutamente respetuoso de las reglas del juego dictadas por el poder central; aprobado sin haber trastocado ni un solo milímetro el escandaloso sistema de distribución de recursos, sin pacto fiscal, sin eliminar las trabas y los candados que ponen los ministerios a la hora de abrir o cerrar el acceso a recursos; sin cuestionar ninguno de los abusos que comete el Gobierno todos los días a la hora de recortar fondos, imponer de facto competencias y transferir abusivamente responsabilidades que le competen a las instancias nacionales.

Ese estatuto incurre en la misma trampa que se comete cuando se pretende irrespetar los resultados del referéndum del 21 de febrero, pues en mayo del 2008, más del 85 por ciento de la población cruceña votó por un cuerpo jurídico distinto, democratizador, tanto del poder como de los recursos económicos, que además impide que los líderes se eternicen en el poder y se trunque el progreso de la democracia, la alternancia y la renovación de los liderazgos, tan importantes para el progreso de la sociedad.

Resulta una mentira cualquier intento por cambiar el país, sin modificar el modelo perverso de estado centralista en que tanto insisten los impostores. Afortunadamente la ciudadanía ha comenzado a reaccionar con vehemencia frente a esta realidad y así como rechaza los intentos de perpetuidad de las figuras nacionales, también impugnará a los que actúan como sus cómplices y celebran un estatuto tramposo.

La autonomía ha sido la única amenaza real que tuvo el régimen y por eso mismo fabricó el montaje más grande de terrorismo de estado que se haya ejecutado en los últimos tiempos, que terminó descabezando y aniquilando el proceso autonómico.