Para su aprobación, la nueva Constitución  no recogió –a pesar de ser norma fundamental– un acuerdo básico y fundacional de convivencia. Hoy, le falta la condición fundamental: la lealtad constitucional. Ésta ha sido objeto y sujeto de manipulaciones respaldadas por obsecuentes “magistrados” del TCP y TSE, quienes han admitido y permitido que el Ejecutivo "licúe” sus potestades, y los reduzca a simples notarios del poder.

Para que sea posible la tercera reelección de Morales, los miembros del TCP hicieron desaparecer a la Bolivia anterior, la esfumaron desde 1825 a 2009, borraron la historia de las 16 constituciones anteriores, incluyendo la que les permitió acceder al poder. Para Morales, Bolivia fue una ficción, gobernó de 2005 a 2009 a “otro país”, ya que en 2009 “nace” el Estado Plurinacional “puro” que surge de sus pueblos y comunidades indígenas originarias, donde no existen ni existieron “otros” bolivianos, estos son apátridas sin haberse enterado, son apóstatas de su gentilicio y solo “suponían” su nacionalidad e identidad; es pues patria ajena ésta en la que Morales quiere imponer un cuarto periodo. Notable razonamiento que solo cabe en la mente de los estómagos agradecidos del TCP y del TSE.

Los únicos poderes que podían impugnar e impedir la arbitrariedad de Morales han capitulado. De teóricos garantes últimos de la Constitución, pasaron a ser sus destructores. Los “protectores” constitucionales se han convertido en foros de debate ya no democráticos, sino sectarios, en los que no se protege el orden jurídico-constitucional sino los intereses políticos.

Como en el futuro pueden caber más interpretaciones aberrantes que vulneren la inmunidad de la norma fundamental, necesitamos abrir paso a una reforma constitucional para incorporar y suprimir todo lo que requiere y que no se hizo por la imposición y el despotismo. Si queremos edificar una real democracia debemos consolidar un régimen constitucional en base al acuerdo de todos, no existe otra forma. De lo contrario, nuestra Constitución seguirá protegiendo el hiperpresidencialismo sin controles ni límites. Lo importante es que la proposición de reforma parta de un comité de expertos juristas, con la idoneidad para elaborar textos que garanticen un real ejercicio de derechos y definan límites a la ambición.

El autor es abogado constitucionalista
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