Determinaron mandarlo a la cárcel porque hay riesgo de fuga y obstaculización. Se lo acusa de los delitos de uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. 

A las 15:30 horas, Eduardo Mérida ingresó a la sala penal con Jovanna M., su esposa, quien también está acusada en el caso. Ambos fueron involucrados en cobros irregulares a empresas para la adjudicación de proyectos y cargos en la Alcaldía, según la denuncia. Un CD con audios implicaría a la esposa del Alcalde en cobros de 1.000 dólares por contratos de profesionales.

La audiencia empezó con una demora de casi dos horas. Durante ese lapso, la esposa de Mérida fue trasladada a un centro de salud para ser valorada por médicos, debido a que sufrió una descompensación.

Mari Luz Varas, abogada de los esposos, informó que Jovanna tiene un tumor en el cerebro y un quiste en la garganta. La autoridad judicial suspendió su audiencia y en las próximas horas fijará una nueva, mientras que Mérida siguió en la cautelar.

Durante la audiencia, el Alcalde suspendido ratificó su inocencia y calificó el proceso como una “acción política”. Se refirió a su esposa y se le quebró la voz.

El 27 de julio de 2017, el expresidente del Concejo Municipal Víctor Osinaga (ahora con detención preventiva) y el exconcejal y actual alcalde suplente temporal de Quillacollo, Antonio Montaño, presentaron un CD con los supuestos audios de corrupción. 

El 27 de junio de 2018, el Ministerio Público imputó a Eduardo Mérida, Jovanna M. y Richard A., para luego dar paso al juicio oral. Sin embargo, el Alcalde suspendido presentó al menos cuatro recursos de acción de libertad que, posteriormente, le fueron negados. Mérida denunció la vulneración de sus derechos y las garantías constitucionales en múltiples ocasiones. 

Hace tres días, el exfuncionario Richard A. fue enviado con detención preventiva al penal de San Pablo, por el mismo caso.

Mérida, en reiteradas oportunidades, señaló que el proceso iniciado en su contra, por los audios que lo implicarían en supuestos hechos de corrupción, no corresponde, debido a que no existirían víctimas de los presuntos cobros.