En la historia corta, el proceso constituyente en Bolivia se remonta a la histórica “Marcha por Territorio y la Dignidad” (1990), que interpeló a un Estado que no reconocía a las naciones y pueblos indígenas. Luego vino la difícil lucha por la convocatoria a una Asamblea Constituyente, finalmente conformada por voto popular en 2006. Pese a diferentes intentos de abortar el proceso, la Asamblea aprobó un proyecto de nuevo texto constitucional. Es un referente de “constitucionalismo transformador”.

La CPE boliviana es destacada por el reconocimiento de un amplio catálogo de derechos, incluidos los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (IOC). Sobresale asimismo la definición de un nuevo modelo de Estado, cuyas cualidades principales son la plurinacionalidad, la interculturalidad y las autonomías. Otros aspectos relevantes son la diversidad democrática, el pluralismo jurídico, el autogobierno indígena, la economía plural, el horizonte del Vivir Bien.

Si bien una década es poco tiempo para valorar la huella de la nueva Constitución Política, es evidente que hay señales de importantes avances, pero también de estancamientos y hasta retrocesos. Puede realzarse, por ejemplo, el todavía esquivo camino de la democracia intercultural con paridad de género. O la amplia inclusión del sujeto IOC. Por otra parte, se repara que el proceso autonómico está detenido. Y el modelo desarrollista parece haber relegado el Vivir Bien a solo documentos y símbolos.

Hay quienes sostienen que, en su implementación, el proceso perdió impulso. Se advierte también que la construcción del Estado Plurinacional es minimalista (no puede ser de otra forma). Y que la “desconstitucionalización” se produjo incluso antes de la aprobación de la CPE, cuando el Congreso Nacional, en 2008, sin competencia, modificó más de 100 artículos del texto aprobado en la Constituyente. Lo cierto es que así se viabilizó el referéndum aprobatorio y la vigencia de la actual Constitución.

¿Qué sigue luego de estos 10 años? Quizás el mayor desafío sea mantener y profundizar, en lo sustantivo, el espíritu de la CPE. Ello implica disputar, desde la diversidad de sujetos sociales, el cumplimiento de aquellos aspectos que permanecen relegados —en especial en el ejercicio de derechos—, así como deliberar acerca de cuestiones que requieren ajuste o reforma. 10 años es motivo de celebración, cierto, pero también de balance y movilización para profundizar el proceso posconstituyente.