Medio: El País
Fecha de la publicación: lunes 11 de febrero de 2019
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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Por un lado, la Constitución Política del Estado (CPE) establece que no existe la posibilidad de un tercer mandato, por lo que cualquier autoridad electa que haya cumplido dos gestiones consecutivas asumiendo un cargo público no debería tener la opción de respostularse. Sin embargo, el TCP no solo abrió la posibilidad de una relección para el presidente, Evo Morales, y el vicepresidente, Álvaro García Lineras, sino también para otras autoridades.
El asambleísta, Mauricio Lea Plaza, indicó que la actitud de repostulación es un contrasentido y que las autoridades se aferren a una sentencia inconstitucional es ilegal e ilegítima.
Elecciones y referéndum suman Bs 360 millones
Los comicios del 2014, el referéndum del 21 de febrero (21F) del 2015 y las elecciones primarias en enero de la gestión que transcurre sumaron un total de 360 millones de bolivianos que según la oposición fueron despilfarrados.
En el caso de las elecciones de 2014, los mandatarios volvieron a ser candidatos con la aprobación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Después de obtener la victoria que en este proceso electoral, el Movimiento Al Socialismo (MAS) activó un referéndum el 21 de febrero de 2016 para consultar a la ciudadanía por una nueva repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera el 2019, que costó 26,9 millones de bolivianos.
En el referéndum el no ganó con un poco más del 51 por ciento. Morales volvió a recurrir al TCP que terminó avalando la repostulación a través de la Sentencia Constitucional 084/2017. Se generó una ola de críticas por considerar que seis magistrados dieron un golpe a la democracia y un desconocimiento de la voluntad popular, expresada en el referéndum del 21F.
“Si hay autoridades que quieran conseguir el respaldo de la gente deben cumplir la Constitución Política. Puede darse el caso de alguna autoridad que quiera acogerse a este régimen de elección indefinida que ha aceptado jurisprudencia hasta la sentencia constitucional”, manifestó y sostuvo que este punto no está previsto en el Estatuto Autonómico Departamental de Tarija.
Las elecciones departamentales se realizarán en marzo del 2020, por lo que en diciembre del 2019 deberán renunciar a los cargos los asambleístas que pretendan ser reelectos. De esta manera se habilitarán para ser candidatos. En el caso del legislativo, solo las asambleístas María Lourdes Vaca y Guadalupe Jurado cumplieron sus dos gestiones.
Por otro lado, el senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) para el departamento de Tarija, Víctor Hugo Zamora, indicó que en el caso de los senadores y diputados tienen un plazo de 90 días para presentar su renuncia antes de sus elecciones que se realizarán conjuntamente con las nacionales. “Ese es un tema personal. Yo particularmente en el tema nacional no tengo previsto repostularme”, explicó.
En el lapso de un año y días se levarán a cabo dos procesos electorales importantes para Bolivia. Los comicios generales, en octubre y las justas subnacionales, en marzo de 2020.