Hablando de respetos, poco tiempo después tres senadores estadounidenses enviaron un mensaje solicitando se respete la voluntad popular expresada en el referendo del 21 de febrero de 2016. De la misma manera, diversos representantes -tanto a nivel individual como colectivo- de las principales naciones del mundo se han referido a la necesidad de realizar un análisis permanente de la situación en Bolivia y que se hará un “seguimiento” de lo que suceda en nuestro país hasta las elecciones de octubre 2019, las que también serán “monitoreadas” minuciosamente.

Frente a esta verdadera ola de interrogantes y cuestionamientos del exterior no es válido fingir enojos o presentar posturas altisonantes. Bolivia, más allá de los discutibles avances de los que hace gala la actual administración, sigue siendo un país estructuralmente débil, sometido a vaivenes propios de una nación emergente y dependiente. Por tanto, no cabe la petulancia en nuestros contactos externos. Hay que defender la soberanía y la autodeterminación sí, pero tómese en cuenta que a su vez esos principios son puestos en duda por el mundo cuando en lo interno algunas pautas elementales de la institucionalidad no se cumplen. Es lamentable el hecho de haber negado la manifestación mayoritaria del pueblo contra una cuarta elección consecutiva. Se lo hizo mediante el fallo de un tribunal interno complaciente que reiteró el “derecho humano” a ser reelegido, triquiñuela ya utilizada antes por otros tribunales sumisos del hemisferio y frente al desvergonzado silencio de un ineficaz sistema interamericano.

El Gobierno tendría que escuchar atentamente los sanos consejos que le llegan desde el exterior en lugar de seguir rasgándose las vestiduras. Las autoridades de la hora deben encarrilar sus acciones por el camino correcto del respeto a la soberanía popular, expresión máxima de la democracia. No queremos en Bolivia una segunda Venezuela.