Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: sábado 09 de febrero de 2019
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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Como estaba previsto, anteayer comenzó en Sucre el 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La llegada de esta comisión ha provocado una movilización política a tono con este año electoral. La mayoría de los colectivos presentes en Sucre son organizaciones políticas que pretenden que la CIDH vuelque su atención a la violación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado que limita la reelección presidencial y vicepresidencial a solo dos veces continuas.
El haber centrado la estrategia electoral en ese punto –directamente vinculado al referendo del 21 de febrero de 2016, que rechazó la posibilidad de modificar el artículo 168– ha distraído a los políticos que, por eso mismo, no están siguiendo el procedimiento establecido para presentar peticiones a la CIDH.
Lo que aparentemente notoman en cuenta es que ese organismo no es un tribunal de justicia sino una comisión. La OEA tiene un tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más conocida como Corte IDH, que no está sesionando en nuestro país.
La comisión tiene una función más parecida a la de un observatorio que advierte sobre vulneraciones a ciertas normas y toma medidas precautorias. Se trata de un órgano “encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano”.
A partir de ahí, es poco lo que se puede esperar de la CIDH. Cuanto más, instruirá la adopción de medidas precautorias pero eso será todo. Sus decisiones no tienen la fuerza imperativa necesaria como para obligar a un gobierno a hacer o dejar de hacer algo y peor aún si eso va contra sus intereses.
Si a eso se suma el hecho de que, por norma, la CIDH no trata los asuntos referidos al país en el cual sesiona, es perfectamente entendible que no los haya incluido en su agenda para Bolivia. Lo más que se puede esperar, entonces, es que considere las denuncias provenientes de nuestro país –si es que las tiene– en sus próximas sesiones.
El antecedente de la admisión de la demanda contra la reelección inconstitucional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no es motivo para alentar esperanzas de que algo parecido pueda suceder con Bolivia, tomando en cuenta que la resolución fue asumida siete años después de haber sido presentada.
Por tanto, la oposición está equivocando el camino. Será recibida por la CIDH pero sólo a título informativo. Se quejará, expondrá sus argumentos y mostrará cómo se está violando la Constitución pero eso será todo.