El discurso original del Instrumento para la Soberanía Popular combinaba el pachamamismo y el soberanismo en cuanto al manejo de los recursos naturales. Recuperar el control obedecía a una cuestión de dignidad nacional y también de protección del medio ambiente. El decreto de nacionalización de los hidrocarburos impulsado por Andrés Soliz Rada y materializado el 1 de mayo de 2006 se sustentaba en esos principios. La Agenda Patriótica 2025, sin embargo, es criticada por analistas y comunicadores tan mediáticos como María Galindo o políticos de la línea indigenista como Félix Patzi, por encuadrarse en un desarrollismo clásico con objetivos netamente económicos occidentalizados y subordinando la naturaleza a los índices de crecimiento del FMI.
Uno de los ejemplos que hacen a la crítica tiene que ver con los hidrocarburos, pues se han subordinado las necesidades económicas a los intereses medioambientales. En abril de 2018 se entregó el área de Miraflores, en Chuquisaca, a una empresa teóricamente especializada en fracking de la que se informa poco desde YPFB. El otro ejemplo es el del decreto que en 2015 levantó las restricciones de exploración en las áreas protegidas, estudiadas antes de los años 90 y con potencial identificado. Encontrar nuevas reservas para sostener los ingresos por exportación de gas es la prioridad.

Tariquía, la señalada
Desde que el Decreto se promulgó, la Reserva Natural de Tariquía apareció como una de las Reservas señaladas, pues se encuentra en una de las zonas más ricas en hidrocarburos en las últimas estribaciones andinas.
La Reserva de Tariquía tiene algo menos de 250.000 hectáreas que se extienden entre Caraparí, Entre Ríos, Padcaya y Bermejo; en concreto hay tres áreas reservadas de hidrocarburos dibujadas sobre su perímetro y zona de influencia: Astilleros, San Telmo Norte y San Telmo Sur; y ya hay pozos petroleros perforados y abandonados, por ejemplo, en Churumas.
El Ministerio de Hidrocarburos la señaló pronto y empezó la búsqueda de una empresa que se hiciera cargo de la exploración ante la incapacidad propia. Desde el principio se “apostó” por Petrobras, como una forma de sustituir los campos de San Antonio y San Alberto, en franca declinación, para acabar de cumplir el contrato de exportación con Brasil al que le faltan – según el Ministerio – 1,7 Trillones de Pies Cúbicos por recibir.
Desde el principio se constató también la resistencia social en la ciudad de Tarija y en la propia reserva donde los comunarios, que no son indígenas, exigieron sus derechos sobre la consulta previa y más información. El corazón de la reserva se identifica en el cantón de Tariquía, que reúne a una docena de comunidades de Padcaya, siendo Pampa Grande la más poblada, a donde se llega ya por camino de tierra. Hasta hace cinco años solo se llegaba por camino de herradura. En ese cantón, la negativa es de más del 90 por ciento constata Paola Gareca, una de las comunarias activistas más reconocida y que conoce la realidad de otras zonas donde han ingresado las petroleras, como en el cantón Ivoca o los pueblos indígenas del Aguaragüe, donde sus niveles de pobreza no han cambiado y sus tierras y condiciones de vida se han visto amenazadas.
La Reserva sin embargo integra a muchas más comunidades, desde Bermejo hasta Chiquiacá, que sí apoyan la exploración y creen en las palabras del Ministro Luis Alberto Sánchez, que ha empleado el argumento de los millones de dólares que llegarían en forma de regalía en vez de ahondar, por ejemplo, en la afectación que a su criterio no llegaría a más del 0,025 por ciento; 180 hectáreas de 250.000.
Entre Ríos, Bermejo y Padcaya impulsan un proyecto de Ley para modificar el actual régimen fiscal en el departamento de Tarija, por el que se le asigna el 45 por ciento de las regalías a la Región Autónoma del Chaco en reconocimiento de su extensión, población y vocación de autogestión. El proyecto de Ley pretende modificar ese reparto y condicionarlo a la producción por provincia. En ese sentido, la exploración de Tariquía estaría condicionada a esa modificación socapada por las autoridades políticas, según denuncia la Plataforma en Defensa de Tariquía.

Millones y plazos para un proyecto de riesgo

El Ministerio de Hidrocarburos pretende tener en producción San Telmo y Astilleros en el año 2021. Así lo manifestó el Ministerio de Hidrocarburos en el acto de promulgación de los contratos con Petrobras y YPFB Chaco en Bermejo en abril de 2018.
Los cálculos hablan de una inversión de 682 millones de dólares, que normalmente se van en licencias y personal importado y queda algo en la región en forma de catering y trabajos de escasa cualificación.
La renta petrolera a nivel nacional se estima en 8.915 millones de dólares, de los que 1.800 se quedarían supuestamente en Tarija, con la extracción del TCF que se estima hay en cada una de las áreas.