Esta denuncia será presentada hoy considerando la importancia de hacer respetar los derechos ciudadanos, resaltando que en esta oportunidad fue el voto de la sociedad quien negó la posibilidad de hacer viable una nueva repostulación del primer mandatario en el próximo proceso eleccionario. Hoy esta decisión no es de estricto cumplimiento debido a un fallo del Tribunal Constitucional, que aprobó una nueva candidatura de Morales.

"Nuestra denuncia a la CIDH será presentada mañana (hoy) y en ella indicamos que el Gobierno no respeta lo decidido por una mayoría de bolivianos que dijo ´No´ a la intención del presidente Morales de volverse a postular, y forzar una sentencia del TCP para repostularse de manera indefinida", indicó el rector de la UMSA y ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín.

El ex defensor del pueblo, Rolando Villena, agregó que la habilitación de Morales no sólo vulnera los derechos humanos del pueblo boliviano, sino la propia democracia.

"Se han dicho cosas que no tienen ni pies ni cabeza, por ejemplo que se estaría violando el derecho del Presidente a ser reelegido, por eso estamos activando este mecanismo para defender los derechos humanos del pueblo, no para aquellos que ejercen el poder, con el fallo del Tribunal Constitucional se ha debilitado gravemente la democracia", manifestó.

Villena explicó que en la demanda se detallan todas las vulneraciones a las leyes bolivianas que se cometieron para habilitar al presidente Morales mediante un recurso judicial y exhortó a la población a sumarse a esta causa para defender el voto ciudadano.

En cuanto al Tribunal Constitucional, sostuvo que las autoridades realizaron una interpretación antojadiza del Pacto de San José, y que la denuncia a presentarse en la CIDH busca precautelar los derechos de los pueblos, y no así de una persona a la repostulación.

Por otra parte, el jurista agregó que la CIDH, al advertir la naturaleza de la denuncia, podría pedir una interpretación del Pacto de San José a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya decisión es vinculante para el Estado boliviano.