La llegada de esta comisión ha provocado una movilización política a tono con un año electoral como el que vivimos actualmente. La mayoría de los colectivos que anunciaron su presencia en Sucre son organizaciones políticas que pretenden que la CIDH vuelque su atención a la violación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia que limita la reelección presidencial y vicepresidencial a solo dos veces continuas. Como se sabe, el presidente y vicepresidente del Estado están postulando a una segunda reelección, desde el punto de vista técnico-jurídico, que, en los hechos, y tomando en cuenta otros procesos electorales, viene a ser la tercera.

El haber centrado la estrategia electoral en ese punto —directamente vinculado al referendo del 21 de febrero de 2016, que rechazó la posibilidad de modificar el artículo 168— ha distraído a los políticos que, por eso mismo, no están siguiendo el procedimiento establecido para presentar peticiones a la CIDH.

Lo que aparentemente no han tomado en cuenta es que el organismo que inició sesiones ayer no es un tribunal de justicia sino una comisión. La Organización de la Estados Americanos (OEA) tiene un tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más conocida como Corte IDH, pero este no es el que está sesionando en nuestro país.

En el caso de Bolivia, la Corte IDH ha atendido varios antecedentes incluido el de la desaparición del universitario José Carlos Trujillo Oroza durante la dictadura militar. Emitió sentencias —porque esa es su función— y supervisa su cumplimiento.

La comisión, en cambio, tiene una función más parecida a la de un observatorio que advierte sobre vulneraciones a ciertas normas y toma medidas precautorias. Se trata de un órgano “encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano”.

A partir de ahí, es poco lo que se puede esperar de la CIDH. Cuanto más, instruirá la adopción de medidas precautorias pero eso será todo. Sus decisiones no tienen la fuerza imperativa necesaria como para obligar a un gobierno a hacer o dejar de hacer algo y peor aún si eso va contra sus intereses.

Si a eso se suma el hecho de que, por norma, la CIDH no trata los asuntos referidos al país en el cual sesiona, es perfectamente entendible que no los haya incluido en su agenda para Bolivia. Lo más que se puede esperar, entonces, es que considere las denuncias provenientes de nuestro país —si es que las tiene— en sus próximas sesiones.

El antecedente de la admisión de la demanda contra la reelección inconstitucional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no es motivo para alentar esperanzas de que algo parecido pueda suceder con Bolivia si se toma en cuenta que la resolución fue asumida siete años después de haber sido presentada. Si se opta por una denuncia similar, y aún si una denuncia así ya ha sido presentada, cualquier novedad al respecto será conocida después de las elecciones de octubre, cuando, al margen de los resultados, la participación del binomio oficialista ya habrá representado una flagrante violación a la Constitución boliviana.

Por tanto, la oposición está equivocando el camino. Será recibida por la CIDH pero sólo a título informativo. Se quejará, expondrá sus argumentos y mostrará cómo se está violando la Constitución pero eso será todo.