La marcha es una medida que fue asumida luego de meses de que los originarios de la nación Qhara Qhara intentaran hacer prevalecer sus derechos por la vía legal y pacífica. Sin embargo, al haber fracasado en sus intentos, fundamentalmente ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), optaron por iniciar presiones.

La nación Qhara Qhara es la reconstitución de la cultura qaraqara que existe desde tiempos inmemoriales. Todavía preliminarmente se sabe que ocupaba gran parte del actual departamento de Potosí así como porciones de lo que hoy son los departamentos de Chuquisaca y Cochabamba desde antes que surgiera el Tawantinsuyu o Estado Inca. Algunos historiadores lograron trazar un mapa de su territorio pero existen indicios de que pudo haber abarcado incluso más allá.

La cultura qaraqara no solo tenía territorio sino también gobierno y legislación propias. Su autodeterminación se habría visto afectada por primera vez en tiempos del inca Pachakuti. Estudios recientes de investigadores como Tristan Platt, Thérése Bouyse-Cassagne y Olivia Harris dan cuenta que fue ese gobernante del Tawantinsuyu el que habría sometido a la cultura qaraqara para incorporarla a su imperio. En posteriores reinados, como los de Tupaj Yupanqui y Huayna Capaj se registra una interrelación entre esos incas y los gobernantes qaraqara Huarachi I y Qulqi II, razón por la que se supone que esa cultura no desapareció ni fue diluida por los incas. Varios documentos coloniales, especialmente las famosas “probanzas”, dan cuenta de ello.

Aunque sometida a la autoridad general del inca como gobernante del Tawantinsuyu, la cultura qaraqara mantuvo su esencia y autonomía, tanto que, a la llegada de los españoles, sus autoridades negociaron directamente con estos. Su dispersión, y aparente desaparición, se produce en el periodo colonial, cuando los españoles no reconocen límites preexistentes e imponen los suyos.

Pese a ello, los qaraqara se mantuvieron cohesionados a través de los jatun ayllus. Comienzan a recomponerse lentamente a mediados del siglo XX y ya en el actual, al amparo de la Constitución Política del Estado y la Ley de Autonomías, reconstituyen sus estructuras de mando y organizan sus tribunales de justicia originaria.

El siguiente desafío era la recuperación de las TCOs para la comunidad y ahí es donde se encontraron con escollos que no pueden superar hasta el presente. Pese a que el artículo 3 de la Ley 1715, la que crea el servicio del INRA, establece claramente que “se garantizan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y originarias sobre sus tierras comunitarias de origen”, el Gobierno ha soslayado el cumplimiento de esa norma a favor de la nación Qhara Qhara por la sencilla razón de que sus autoridades originarias no estuvieron ni están alineadas con el MAS. Por el contrario, vulnerando no solo esa ley sino la propia Constitución Política del Estado, que se ocupa del tema en su capítulo noveno, el INRA está entregando TCOs a los sindicatos masistas.

Algo similar ocurrió en 1990, cuando pueblos de las tierras bajas protagonizaron la “Marcha Indígena por el territorio, la vida y la dignidad”. Esa fue, precisamente, la que dio lugar al nacimiento del INRA.