Suárez dijo que una administración de justicia "corrupta y sometida" al poder político lo sentenció por un "delito" que no cometió porque sólo desconcentró "legalmente" recursos económicos de las cuentas fiscales de la ex prefectura del Beni a las cuentas fiscales de la entonces subprefectura de Vaca Diez.

"Nosotros transferimos de una cuenta fiscal a otra cuenta fiscal, eso es legal, y se transfirió a un subprefecto que estaba reconocido constitucionalmente, no se transfirió a cuentas personales ni a personas particulares", insistió.

Consideró que este proceso fue usado en su contra para darle "donde más le duele", es decir, sus propiedades. Pues ahora van a realizar "la anotación preventiva de todos mis bienes y van a entrar a rematar todos mis bienes, eso es lo que van a hacer por los 8 millones de bolivianos que están pidiendo que yo devuelva sin haber manejado yo un solo centavo de ese dinero", lamentó.

El presidente del MDS y gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, agregó que Suárez no fue acusado de llevarse dinero, sino fue sindicado de hacer una transferencia a una subprefectura para proyectos de desarrollo productivo en comunidades del Beni. Además "este modelo de asignación y transferencia de recursos sigue hoy vigente y es legal, y el subprefecto al que se le transfirieron los recursos para su ejecución, y cuya ejecución se cuestiona, ha sido declarado inocente. Entonces, no hay ningún modo en que el que ejecuta sea inocente y el que hace la transferencia de forma formal a cuentas fiscales, dentro de un proceso de autonomía, se lo declara culpable. Es inconcebible", manifestó.

Costas apuntó que los Demócratas, ante la "parcialización de la justicia" y casi el absoluto control del Gobierno sobre ella, acudirán a los organismos internacionales pertinentes para denunciar esta "persecución política" y buscar tutela de los derechos de Suárez.