“El INRA está avasallando nuestro territorio a través de las organizaciones sociales como sindicatos, quienes quieren expropiar nuestro territorio”, manifestó el curaca de la nación Qhara Qhara, que encabeza la marcha, Mario Chincha, quien lamentó que las autoridades municipales y departamentales no hayan dado solución a este problema que viene arrastrándose hace más de una década en áreas ocupadas por el marka (pueblo) Quila Quila perteneciente a la Nación Qhara Qhara que se encuentra en proceso de reconstitución.

Un centenar de miembros de la Nación Qhara Qhara partieron ayer por la mañana desde la plaza 25 de Mayo de Sucre, en una marcha pacífica que pretende llegar a la Sede de Gobierno. No anticiparon, por estrategia, la fecha de arribo ni los medios que usarán, pero se prevé que sea en 30 días. “A través de la caminata van a sumarse bastantes markas, suyos y jatun ayllus”, afirmó Chincha.

En 2016, mediante una sentencia el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dio razón a los originarios de Quila Quila que exigen mantener incólumes las TCOs. El año pasado el INRA en Chuquisaca intentó sanear el territorio del polígono 877 ocupado por el marka Quila Quila, provocando enfrentamientos entre comunarios de los ayllus y sindicatos que dejaron como saldo varios heridos.

El director departamental del INRA, en ese entonces, Roberto Polo, admitió que el territorio corresponde a una TCO, sin embargo, recordó que la Constitución establece el reconocimiento a terceros individuales.

“Ahora son más los terceros y muy pocos las TCOs”, manifestó al justificar que el trabajo de saneamiento se realizó a demanda de los propios comunarios de la zona, que no pueden acceder a proyectos de desarrollo debido a los requerimientos solicitados por el Estado. Exigen Derecho Propietario Individual.

Más demandas

Pueblos indígenas de tierras altas y bajas habrían comprometido sumarse a la marcha añadiendo el rechazo a megaproyectos como la carretera del TIPNIS, la hidroeléctrica Chepete-El Bala y las exploraciones hidrocarburíferas en Tariquía, que el Gobierno pretende implantar en sus territorios sin consulta previa.

Así también rechazan las amplias concesiones que brinda la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para explotar recursos en territorios indígenas.

Por otra parte, desaprueban el artículo 10 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional que excluye a la justicia originaria del tratamiento de cuestiones en materia penal, civil y laboral.